Todo indica que el fallo saldrá mañana y fijará criterios a los gobiernos de la Nación y de la Ciudad sobre sus facultades en una pandemia. El mismo, llega cuando el DNU que dio origen a la controversia ya ha vencido, y desde el 30 de abril rige otro.

La resolución a favor del gobierno porteño en su decisión de continuar con las clases presenciales, a pesar del nuevo DNU firmado por el presidente Alberto Fernández con más restricciones por la pandemia del COVID-19, avalaría la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para definir la modalidad de la educación en su territorio.

Este fallo tiene incidencia en nuestra provincia, por cuanto sienta todo un precedente sobre la autonomía de las jurisdicciones en este sentido.

Aunque la resolución de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco será ante la presentación que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, realizó cuando el Presidente firmó el primer decreto que venció el pasado viernes, se aguarda el fallo porque fijará criterios a los gobiernos de la Nación y de la Ciudad sobre sus facultades en una pandemia y la necesidad de acortar las decisiones en un momentos de tanta gravedad sin que sean judicializados.

Tras resaltar que los DNU tienen que ser ratificados por el Congreso, el dictamen previo del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó la semana pasada que era inconstitucional el DNU que suspendió entre el 19 y el 30 de abril las clases presenciales en el AMBA.

En su dictamen, sostuvo que el decreto no estaba fundamentado para tomar una medida como la suspensión de las clases que dependen de la ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación como todas las provincias del país; y agregó que no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud, en línea con la postura del gobierno porteño. El Ejecutivo le había pedido a la Corte que rechazara la demanda.

No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región”, afirmó el procurador.

La Nación, en cambio, sostenía que el movimiento de la gente que va a la escuela es lo que aumenta la circulación del virus y que en marzo y abril aumentó la cantidad de positivos entre personas de seis a 17 años (que son los de edad escolar). Eran el 7,3 por ciento del total de contagiados cuando en enero y febrero eran el 5,3.