Tras estallar el escándalo por el centro de hisopados en el aeropuerto de Ezeiza, cuyo manejo era de un laboratorio a nombre de dos monotributistas sin antecedentes en análisis clínicosAeropuertos Argentina 2000 rescindió el contrato con Labpax.

A través de un comunicado informó que había iniciado una auditoría: “Ante los cuestionamientos realizados en medios periodísticos sobre los testeos de antígenos y PCR covid-19 realizados por el laboratorio Labpax con tests de Abbott, Aeropuertos Argentina 2000 informa que ha iniciado el jueves 29 de abril una auditoría en la que se investigará en profundidad para determinar las responsabilidades y la calidad y certificación técnica de los procesos de testeos”.

Asimismo puso en conocimiento sobre la decisión de reemplazar al proveedor y “ha propuesto a Stamboulian Servicios de Salud que asuma la dirección técnica e implementación de los testeos en nuestros aeropuertos”.

Desde la oposición, algunos legisladores como Graciela Ocaña, Luis Petri entre otros, pidieron informes y respuestas respecto a “los motivos y criterios que llevaron a la tercerización de los test, la modalidad de la contratación del servicio y detalle sobre las empresas seleccionadas para su prestación”.

La situación que ya pasó desde lo político a la opinión pública ahora terminó en manos de la justicia ya que desde el Espacio ciudadano apartidario, Acción Conjunta Republicana, se presentó una denuncia penal contra la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización de Fronteras del Ministerio, Claudia Madies, las monotributistas titulares de la empresa Labpax S.R.L., Paola Orellana Perillo y Laura Cáceres, y los concesionarios del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por violación de medidas preventivas y propagación de pandemia y Malversación de Caudales Públicos.

Según consigna la denuncia presentada, los responsables contrataron “una sociedad sin ningún tipo de antigüedad y trayectoria, sin antecedentes en análisis clínicos, cuyas dueñas son dos monotributistas que no se conoce su experiencia en bioquímica”.

La denuncia también asegura que “se obligó a los argentinos a realizarse y abonar un testeo en suelo nacional para proteger la salud pública y en su lugar se habría montado un negocio para recaudar pero sin idoneidad ni efectividad para detectar o detener la propagación de la pandemia”.

Los denunciantes manifiestan que el emprendimiento de Labpax vio la luz de la mano de la Decisión Administrativa 268/2021 y si bien los ministerios de Salud y de Transporte eran las autoridades de aplicación del testeo obligatorio, la contratación corrió por cuenta de Aeropuertos Argentina 2000 con la fundación educativa San Lázaro, manejada por la propia empresa.

“La gravedad de los hechos denunciados radica en que este ignoto laboratorio creado ad hoc, con un aparente fin lucrativo pero distante de ser idóneo en lo sanitario, resultaba ser la primera barrera de ingreso de pasajeros portadores del virus”, concluye el escrito.

La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Juan Pablo Augé.