La Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria -ambas de competencia federal- allanaron el edificio federal de tribunales, y las propias oficinas del magistrado, en el marco de gran despliegue.

Walter Bento, titular del Juzgador Federal 1 en Mendoza y con competencia electoral en la provincia, quedó seriamente vinculado a una investigación por delitos de etrema gravedad, por su condición de magistrado.

La decisión la tomó el juez federal Eduardo Puigdéngolas a partir de las pruebas que recibió durante los últimos meses y de una serie de allanamientos que se realizaron a primera hora de este miércoles.

El magistrado, que tiene asiento en San Rafael, está a cargo de la instrucción de la causa, pero la investigación había quedado a cargo de la Fiscalía General que comanda Dante Vega.

La imputación tiene que ver con el expediente iniciado el año pasado en la Justicia Federal de Mendoza ante la sospecha de la existencia de una estructura que se dedicaba a otorgar beneficios a personas imputadas a cambio de un pago de coima. De acuerdo con el expediente, en ese entramado participaban personas que oficiaban de facilitadores y contactos, abogados y funcionarios judiciales. En este último punto, la figura del juez es la que más llamó la atención de los pesquisas.

Walter Bento y otros 15 sospechosos son investigados por conformar una banda que cobraba importantes sumas de dinero a cambio de beneficiar a presos.

Las imputaciones también alcanzaron a su esposa, María Isabel Boiza, bajo los cargos de “enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y a los abogados Martín Ríos, Luciano Ortego y Matías Aramayo. Estos último tres, por el delito de “asociación ilícita y cohecho activo”. Es decir: para los investigadores, ellos pagaban la coima y ese dinero -o parte del mismo- después llegaba a Bento.

Todos los abogados quedaron con pedido de detención, al igual que aquellas personas que obtuvieron “beneficios”. También hay una orden de arresto contra Bento, pero no se hizo efectiva por su condición de magistrado.

Las primeras actuaciones judiciales surgieron a partir de los datos obtenidos del teléfono celular de una persona detenida en una causa por narcotráfico. Allí, y luego de analizar audios y diálogos, se hizo fuerte la hipótesis que ponía al juez federal en la escena del delito.

En la configuración criminal, apareció un nombre que fue clave en la historia: Diego Aliaga, el ex despachante de aduana devenido a empresario que fue secuestrado y asesinado el año pasado.

Según el expediente, Aliaga cumplía el rol de nexo. Aprovechaba su capacidad para socializar en diferentes situaciones y era quien sugería a los imputados en diferentes causas federales la contratación de determinados abogados. Luego, de acuerdo con la línea de investigación, a cambio de una onerosa suma de dinero, se podían obtener beneficios.

El asesinato de Aliaga se convirtió en un nuevo caudal de información. Esta vez, Diego Barrera, socio y principal acusado por la muerte del ex despachante, declaró confirmó la operatividad de esta red dedicada a los beneficios judiciales.

Para el juez Puidgéngolas y para el fiscal Vega, en ese último eslabón entra Bento. La cadena, para ellos, era la siguiente: Aliaga contactaba y cobraba, los abogados hacían presentaciones precarias y Bento realizaba los cambios necesarios en los expediente y se llevaba la mayor parte de la ganancia.

Para llegar a esta conclusión se analizaron los datos patrimoniales de Bento y de su familia. Se cotejaron los salidas al extranjero y se analizaron sus movimientos financieros. De allí se desprende, según la instrucción, una serie de inconsistencias que pusieron al juez federal como sospechoso.

Asesorado por su mediático abogado, Mariano Cúneo Libarona, y sabiendo que lo estaban investigando, Bento presentó peticiones en diferentes dependencias oficiales para verificar si alguien había pedido sus datos. Lo hizo en la Dirección de Migraciones y también el Registro Público y Archivo Judicial. En esta última oficina le respondieron de manera afirmativa. El hecho fue tomando como una filtración y se abrió una investigación contra el funcionario de la justicia mendocina responsable, ya que ese dato, básicamente, permitió a Bento se parte de la causa y saber qué había en el expediente.

 

El impacto en la política

Por el accionar de Bento, que tiene en sus manos el control de los partidos y las elecciones, y también porque la política podría tener la responsabilidad de juzgarlo. El Consejo de la Magistratura puede tomar denuncias o accionar de oficio y hasta suspenderlo. Como juez de primera instancia es el Jury de Enjuiciamiento quien puede evaluar el desempeño. Así lo indica la Constitución. Ese tribunal tiene 9 miembros: tres jueces, tres legisladores y tres abogados. El Jury puede avanzar en paralelo a la causa penal.

La Cámara Federal también le presta atención al tema. Y hubo una fuerte señal desde el Poder Judicial de la Nación: el procurador Eduardo Casal envió dos fiscales adjuntos para asistir a Dante Vega.

Los referentes de las dos principales fuerzas políticas, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, han seguido desde atrás lo que ocurre. La repercusión pública y la acusación formal puede cambiar la pasividad.

Bento es juez desde 2005, cuando fue designado por Néstor Kirchner.