Como publicamos anteriormente (ver nota), sin embargo, los cortes de rutas generados por productores agropecuarios continúan.

La Fiscalía de Estado de la vecina provincia presentó una demanda en Mendoza, Córdoba y La Pampa para terminar con el bloqueo de los caminos por parte de los productores agropecuarios.

Por el momento, las diferencias entre los mendocinos, así como también de sus pares de Córdoba, La Pampa, San Juan y Santa Fe que cortaron las rutas 7, 8, 30, 188, 20 y 55, y las autoridades de San Luis no han podido ser saldadas.

El último protocolo del lado puntano requería contratar un servicio de GPS y pagar dos hisopados para solo estar en la provincia solo 72 horas, el cual tiene un costo estimado de $10 mil.

Empezando por Córdoba, la Fiscalía de Estado de San Luis hizo la presentación en la Fiscalía de la Justicia Federal de Río Cuarto por los piquetes que impiden la circulación por las carreteras nacionales que realizan productores y transportistas autoconvocados. El fiscal de la provincia, Eduardo Allende, también confirmó que realizó una denuncia de similares características en la Justicia Federal de Mendoza y que en el transcurso de la mañana presentará otra ante las autoridades de La Pampa.

La Fiscalía Federal de Río Cuarto, provincia de Córdoba, recibió este miércoles una denuncia penal contra quienes “resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores de los cortes que vinculan a las provincias de San Luis y Córdoba”, puntualmente registrados sobre las rutas nacional Nº 7 y sobre la provincial Nº 30 (próximos a los ingresos de Justo Daract y La Punilla, respectivamente), impidiendo la libre circulación de bienes y personas, obstaculizando el comercio terrestre y el transporte interprovincial e internacional, interrumpiendo totalmente el paso por esas vías.

El planteo fue presentado por el fiscal de Estado provincial, Eduardo Allende, considerando lo expuesto en el artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, aludiendo a la situación dada en las últimas horas, “en que se alude al impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra interjurisdiccionales, provocando un obstáculo insalvable para la libre circulación de bienes y personas, como así también para el comercio terrestre interprovincial e internacional”.

Puntualmente, lo solicitado se refiere a controlar la situación dada “en la ruta N° 30 de Córdoba y su continuación, Nº 1 de San Luis, que vinculan a las localidades de La Punilla en la provincia de San Luis y Achiras en la provincia de Córdoba, y posibilitar el transporte y comercio interprovincial, como así también el internacional, ya que dichas vías conectan con la ruta nacional N° 8 y el Corredor Bioceánico, constituido por la ruta nacional N° 7, que también se encuentra cortada en territorio cordobés, próximo a la provincia de San Luis. Asimismo, imposibilitan la salida y/o entrada de personas que debidamente autorizadas y cumpliendo los protocolos vigentes dictados en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 deben ingresar y/o egresar de la provincia para el cumplimiento de tareas y/o funciones esenciales, provocando de esa manera un grave perjuicio al interés general”.

Allende busca terminar con los cortes del lado cordobés, algo que del lado mendocino intentaron el martes pasado, cuando la protesta llevaba tan sólo una hora. En ese momento, la Policía Federal llegó con la intención de desarticular el corte a partir de la orden de un juez federal de San Luis -al que no quisieron mencionar-, sin embargo, al estar los productores en territorio de Mendoza fue desconocido por no tener jurisdicción.

Este pedido de la fiscalía puntana busca obtener órdenes de jueces federales de Mendoza, Córdoba o La Pampa, lo que les permita terminar con el bloqueo de caminos en cada provincia.

Una denuncia similar a la presentada en la Fiscalía Federal de Río Cuarto se envió a la provincia de Mendoza y en la mañana de este jueves harían lo propio con La Pampa.

 

 

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