Se reinicia el juicio oral y público contra Cristina Kirchner en la causa en que se investiga el direccionamiento de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz, en beneficio de Lázaro Báez.

Pero el empresario también se enfrenta en los próximos diez días a la posibilidad de ser condenado con hasta 12 años de prisión en otro juicio, donde está acusado de haber lavado al menos 60 millones de dólares producto de la evasión fiscal y, eventualmente, de sus negocios con el Estado. Este miércoles está previsto que digan sus últimas palabras algunos de los acusados y el resto lo hará el 10 de febrero, cuando el tribunal pasará a deliberar para dictar un veredicto.

Lázaro Báez, durante su última testimonial, desde un lugar secreto

A estos dos procesos se suma el juicio oral y público contra la ex-secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, por defraudación y malversación de fondos públicos. Se la acusa de utilizar dinero del Estado para pagar gastos propios, de contratar taxis aéreos sin justificación y comprar pasajes para su grupo familiar y personas allegadas. En la acusación se mencionan seis contratos por vuelos privados. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6 y comenzará 17 de febrero. El fiscal es Diego Luciani.

El 8 de febrero, se reanudará el juicio que enfrenta desde hace casi dos años la vicepresidenta Cristina Kirchner. Restan declarar un centenar de testigos, con lo que es dudoso que el proceso termine en 2021. Incluso, porque se descuenta que las declaraciones de algunos de los testigos que estarán citados este año llevarán más de una audiencia. Por ejemplo, está previsto que declaren todos los jefes de Gabinete del kirchnerismo, incluido el actual presidente Alberto Fernández, que puede elegir hacerlo por escrito.

El proceso se lleva adelante por Zoom, dos veces por semana, los lunes y martes, y está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Los primeros testigos que abrirán las audiencias del 2021 son Omar Riveros y José Durante, ingenieros que suscribieron el informe de auditoría 57/13, que es el primero que compara las obras públicas licitadas en siete provincias distintas. Las defensas apuntan a que estos testimonios relativicen las irregularidades que encontró la acusación en las licitaciones santacruceñas.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, sigue la declaración de los testigos, mientras continúa a la espera de que la Corte Suprema aborde los planteos que realizó, porque entiende que en este juicio se la privó de la posibilidad de ofrecer pruebas que podrían favorecer su situación, incluido un amplio peritaje sobre toda la obra pública licitada en su gobierno.

Si bien restan declarar un centenar de testigos, es probable muchos de ellos sean desistidos por las partes. Aunque la lista se acorte, difícilmente eso impida que el juicio se prolongue un año más.