El Estado ya no tiene interés en saber quiénes son los aportantes del Instituto Patria.

Así al menos se lo hizo saber la Inspección General de Justicia (IGJ) a la Corte Suprema de Justicia, que, como consecuencia, dio por terminado un juicio iniciado hace dos años por el gobierno de Mauricio Macri para saber quiénes financiaban el funcionamiento del búnker político de Cristina Kirchner.

En cinco líneas que llevan la firma de los cinco magistrados señalaron: «Que atento a lo manifestado por la demandada, corresponde tenerla por desistida del recurso extraordinario interpuesto a fs. 628/647vta., que fue concedido a fs. 663/664. Por ello, el Tribunal resuelve: Admitir el desistimiento formulado por la demandada«.

La demanda que había iniciado la IGJ a cargo de Sergio Brodsky, fue desistida por la IGJ de Alberto Fernández, conducida por Ricardo Nissen.

La IGJ es el organismo público donde se inscriben y registran las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones de la ciudad de Buenos Aires. Tiene además la facultad de fiscalizar su funcionamiento.

En 2018, la IGJ le había exigido al Instituto Patria la lista de sus asociados y los documentos que respaldan las donaciones hechas por los socios. La fundación se resistió a entregar esos datos y en ese momento recurrió a la Justicia. Resistió las inspecciones de los funcionarios del gobierno anterior y no entregó ningún documento de sus asociados porque argumentó que implicaba una violación de sus datos personales, que podían ser usados para una persecución política. De hecho, el Instituto Patria denunció penalmente al titular de la IGJ en ese momento.

Por ley, las asociaciones civiles que reciben más de $200.000 por mes deben presentar una declaración jurada sobre el origen de los fondos. Durante 2016, el Patria recibió donaciones de entre $200 y $65.000, que sumaron $251.450. La dependencia del Gobierno también exigió copia del libro de asociados, una fiscalización que se le realiza a todas las asociaciones civiles.

Ante la negativa a entregar datos, la IGJ de Macri sancionó al Instituto Patria, pero la asociación recurrió a la Justicia y obtuvo un fallo de la Cámara Civil que la favoreció. Los camaristas de la Sala L dijeron que al dar los datos de los asociados se puede llegar a la persona y establecer «sus conductas y prácticas que solo mediando la expresa voluntad de esta pueden trascender la esfera de intimidad». Aquel fallo lo firmaron Víctor Fernando Liberman, Gabriela Alejandra Iturbide y Marcela Pérez Pardo.