El Gobierno avanza en la redacción de un proyecto de ley para crear un polémico Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias que podría estar por debajo o casi a la par de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según el modelo que elija.

Luego de que fracasó el intento del kirchnerismo de ampliar el número de miembros de la Corte de 5 a 9 para tratar de cambiar la complicada situación procesal de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ahora coquetea con ese proyecto. Se trata de una de las recomendaciones de los expertos que integraron la llamada comisión Beraldi, aunque en base a dos modelos diferentes.

La propuesta se enmarca en el giro de la estrategia judicial de la ex presidenta que el lunes el diputado ultra K Leopoldo Moreau hizo pública: rechazar el camino de los indultos y las amnistías y pasar a denunciar a los jueces y fiscales en causas penales.

Las encargadas de darle forma al proyecto, apoyado ya públicamente por el presidente Alberto Fernández, son la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. 

Sin embargo, en fuentes del bloque de Diputados del Frente de Todos consultadas por este diario afirmaron que, hasta hoy, “no nos avisaron que el proyecto iba a entrar por esta cámara”. Es que si el proyecto no se termina de redactar a tiempo no iría a las sesiones extraordinarias del Congreso, sino a las ordinarias que empiezan en marzo.

Los K pueden hacer aprobar el nuevo proyecto en el Senado con mayoría simple y están en condiciones de refrendarlo con aliados en Diputados.

Pero luego no tienen los dos tercios de los votos para nombrar a los jueces que ocuparían las vacantes de ese nuevo tribunal.

“Es un seguro de vida para La Cámpora”, dijo una fuente que camina los tribunales.

Ese nuevo tribunal sólo podrá intervenir en futuras causas por corrupción, no en los expedientes en que Cristina tiene ocho procesamientos y o en los de sus ex funcionarios que están en el actual esquema judicial.

El kirchnerismo insiste en decir que ese tribunal le sacaría una “sobrecarga de trabajo” a la Corte pero, en realidad,«se trata de en el fondo ocupar más espacios en la Justicia y diluir el poder de la Corte».

Según los números publicados hace meses por la Corte, en el 2019 el máximo tribunal resolvió 29.191 causas, con el dictado de 7246 sentencias.

En 2018, liquidó 7.835 controversias, con 6814 sentencias. Y el 2020, trató 11.774 causas y dictó 6299 resoluciones gracias a la firma digital y la dinámica de trabajo creada como consecuencia de aislamiento por el coronavirus.

Entonces, no es un problema de exceso de trabajo de la Corte.

El kirchnerismo se molestó porque en diciembre la Corte confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión en el caso Ciccone aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esa resolución es un espejo para Cristina.

Ese artículo permite al máximo tribunal rechazar recursos sin necesidad de argumentar por escrito.

Las fuentes consideran que técnicamente la idea de un tribunal sí está por debajo de la Corte puede a llegar a ser plausible, pero no en este contexto de la ofensiva K sobre la Justicia.

La diputada de Juntos por el Cambio, Paula Oliveto, rechazó la idea del Gobierno de plano y dijo “ahora quieren crear un Tribunal Intermedio de Arbitrariedad. No tienen paz y la verdad es que ya cansan”.

“El país está mal económicamente y en medio de una pandemia, dejen de dividir. Dejen de inventar cosas para tener impunidad”, agregó Oliveto.

Constitucionalistas como Daniel Sabsay y Félix Lonigro adelantaron, sin conocer el proyecto, que la Corte Suprema “es la última intérprete de la Constitución” en el sistema judicial argentino.

En la comisión Beraldi, la especialista en Derecho de las Familias Marisa Herrera y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez recomendaron la creación de un llamado Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias.

Ese futuro tribunal debería, a su criterio, revisar los fallos dictados por las Cámaras de Apelaciones Federales, la Cámara de Casación Penal y los Superiores Tribunales de Justicia de la provincia.

El tribunal estaría dividido en salas por fueros (penal, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, tributario y seguridad social).

Los jueces integrantes de este Tribunal serán designados conforme lo establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución.

Sin embargo, Gil Domínguez aclaró luego que “un Tribunal Supremo a la par de la Corte es constitucionalmente imposible sin una reforma constitucional”.

Ese tribunal de sentencias arbitrarias debe ser “anterior a la Corte que revise integralmente y sin pago de un depósito las sentencias arbitrarias”, enfatizó.

En cambio, el consejero Carlos Beraldi fue más allá y recomendó “la creación de un tribunal que sería competente en los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias definitivas o equiparables”.

Intervendría «en fallos dictados por las Cámaras Federales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en lo Contencioso Administrativo Federal y de la Seguridad Social con asiento en la CABA y las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en el interior del país”, agregó.

Es decir, Beraldi quiere que revise cuestiones constitucionales.

Además, el abogado de la vicepresidenta recomendó modificar “el Código Procesal Penal de la Nación, introduciendo la posibilidad de interponer un recurso de casación “horizontal” cuando la Cámara Federal de Casación Penal ejerza competencia positiva y dicte un pronunciamiento que no cuenta con el requisito del doble conforme”.

Y  remarcó que “es necesaria una ley que regule el funcionamiento de la Corte Suprema respecto a las causas en las que debe intervenir y con un plazo en el que esas causas deben ser resueltas”.

Por último, Beraldi sostuvo que “se debe terminar con la discrecionalidad de que la Corte resuelve los casos que quiere, sino que deben ser resueltos todos los casos».

Contenido del periodista Daniel Santoro

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