En una economía paralizada no les interesa a los propietarios perder inquilinos, o que éstos no paguen sus rentas.

La crisis que afecta no sólo a viviendas, sino a locales comerciales, está más que clara: miles de locales en todo el país han quedado vacíos. Y miles de familias tratan de renegociar su alquiler o directamente, rescinden los contratos. Y los propietarios, no quieren juicios de desalojo que -entienden- no llevan a ningún lado.

Alberto Fernández se reunió con el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi para analizar medidas a tomar respecto a los alquileres en el marco de las nuevas restricciones anunciadas por el aumento de contagiados en la segunda ola del coronavirus. Y si bien, aún no trascendieron definiciones, el presidente ya había anticipado en declaraciones radiales que el tema de los alquileres y los desalojos lo preocupaban.

“el momento de excepción no ha desaparecido, pasó una primera ola y ahora viene una segunda ola mucho más complicada que quiero que todos entiendan. Mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional”, aclaró Fernández.

Declaraciones que podrían presuponer que el Gobierno estudiaría un nuevo congelamiento de los alquileres y suspensión de los desalojos. Los dichos radiales del presidente se dieron exactamente 15 días después de que se haya vencido el último plazo que mantuvo congelados los valores de los alquileres y que prohibió los desalojos desde marzo de 2020 cuando comenzó la pandemia.

La medida podría profundizar la crisis que vive el mercado de alquileres de viviendas con precios en alza y cada vez menos departamentos en oferta. 

La intención preocupa y sorprende porque se da en un momento en el que propietarios e inquilinos están arreglando los problemas que se generaron a partir de los decretos que congelaron los valores”, comenta Daniel Bryn, director de Invertire, quien afirma que los DNU y la nueva ley de alquileres sancionada en julio del año pasado marcaron un punto de inflexión en el mercado. De hecho, explica que no es casual que la cantidad de avisos de inmuebles en venta hayan pasado de 84.000 a 104.000 según los datos de Zona Prop desde la sanción de la nueva norma.

La cifra de propiedades en venta es la más alta desde que comenzó el registro en 2012”, comenta Soledad Balayan, directora de la inmobiliaria Maure. A este incremento del 27 por ciento en la cantidad de avisos de inmuebles en venta se suma una caída del 12 por ciento en la oferta de unidades en alquiler: disminuyeron de 9700 en julio a 8500 en la actualidad.

La explicación al fenómeno es clara: cada vez menos propietarios quieren destinar sus inmuebles a la renta e incluso prefieren venderlos barato que alquilarlos caro y rápido.

¿Qué pasará con los precios?

En este contexto y en un mercado con demanda en ascenso y oferta en caída, un nuevo congelamiento profundizará la suba de los valores de los contratos que durante 2020 aumentaron por encima de la inflación: 62 por ciento, y 14 por ciento en los primeros tres meses del año, según datos de Zona Prop.

Los dueños suben los precios porque cuando miran lo que aumentó el índice del Central que es el indicador que les adelanta cuánto podrán ajustar en un año, no cierran los números. Ese índice se incrementó 23 por ciento desde la sanción de la ley mientras que la inflación 34 por ciento”, analiza Bryn. Y adelanta que un nuevo congelamiento podría provocar una “hiperinflación de los alquileres”. “Es echar más nafta al fuego”, agrega el abogado Enrique Abatti, socio del estudio homónimo.

“Los contratos que se están cerrando ahora registran aumentos del 100 por ciento respecto a los valores de los firmados en marzo del año pasado pre pandemia, y un nuevo congelamiento los aumentará otro 100 por ciento sobre todo teniendo en cuenta que el propietario no podrá subirlo hasta dentro de 12 meses por la nueva ley”, detallan desde el sector.

El rumor de un posible nuevo congelamiento se genera a 15 días de que dejará de regir el último decreto que los congeló, renovó automáticamente los contratos y suspendió desalojos durante un año. Y si bien la mayoría de los inquilinos con capacidad para cumplir con los contratos hizo caso omiso al DNU y prorrogó sus contratos (para quedar por fuera de la ley) a fines de septiembre del año pasado con actualizaciones semestrales del 20 por ciento –para evitar un nuevo contrato que hubiese implicado mayores subas-, hubo una minoría con problemas para cumplir que renegocian sus deudas con los propietarios.

Estos serán los más perjudicados: ¿qué propietario perdonará alguna deuda con este escenario en el que no sabe cuándo podrá volver a aumentar?”, se pregunta un broker inmobiliario.

Los otros perjudicados son los inquilinos que, están en plena búsqueda. “Las declaraciones radiales del presidente generaron incertidumbre y los dueños empezaron a llamarnos para sacar de oferta la propiedad o redefinir el precio”, dicen desde las asociaciones de inquilinos.

 

Con contenido de Nación y Ámbito