Con el aval explícito de Alberto Fernández, el senador Oscar Parrilli propuso que el Congreso ejerza un “control cruzado” entre los distintos poderes del Estado.

Anunció que impulsará la creación de una comisión bicameral en el Congreso para investigar e interrogar a magistrados.

“Estamos acostumbrados a fiscales rebeldes que no se presentan ante la Justicia”, dijo Parrilli.

“Lo que plantea (Oscar) Parrilli es un apriete político, una caza de brujas”, calificó el presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López.

“El control que hace el Congreso del Poder Judicial no es así, lo que plantea Parrilli es un apriete político, una caza de brujas. El control del desempeño de los jueces está previsto en la Constitución y es a través del Consejo de la Magistratura y en el caso de los jueces de la Corte, del Congreso, pero siguiendo lo que dice la Constitución y los reglamentos”.

En la misma línea, Pablo Tonelli, diputado de Juntos por el Cambio y representante ante el Consejo de la Magistratura, consideró a este medio que “todas las iniciativas que el presidente Alberto Fernández anunció son para amedrentar a los jueces, controlarlos para que decidan según las directivas que se impartan desde el Gobierno”.

“La creación de una comisión bicameral es claramente un exceso y una violación a la división de los poderes establecidos en la Constitución; el Congreso ya tiene fijadas atribuciones de control, que son dos: el acuerdo que el Senado tiene que dar antes de las designaciones de los jueces y, en el caso de los jueces de la Corte Suprema, el juicio político que puede impulsar Diputados. El resto de los magistrados están sometidos al control del Consejo de la Magistratura”, completó.

Mario Negri, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, publicó en sus redes un mensaje en sintonía con el resto del arco opositor: “Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento. Inaceptable, no pasarán”.

Francisco Quintana, dirigente del PRO y vicepresidente primero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, señaló a través de las redes sociales: “El oficialismo no tardó ni 24 horas en proponer armar una comisión en el Congreso para interrogar a jueces y fiscales. Lo que ellos llaman ‘control’ es intromisión y persecución”.

Las iniciativas del Gobierno en materia judicial no sólo fueron rechazadas por la oposición, sino también por la Asociación de Fiscales de la Argentina. “La reforma del Ministerio Público es un pelotón de fusilamiento para los fiscales”, analizó su titular, Carlos Rívolo, en declaraciones a radio Mitre.