Para el año que viene, se han presupuestado más de 720 millones de pesos.

Se trata de los fondos que el gobierno de Rodolfo Suarez cree que va a necesitar para llevarles alimentos a la mayor parte de los indigentes.

En Gran Mendoza, la indigencia roza el 9 por ciento de la población, según las últimas cifras del INDEC. El subsecretario Alejandro Verón dice que unas 70.000 personas ya reciben la asistencia alimentaria del Estado provincial.

El presupuesto de Desarrollo Social para el año que viene es de 3.631 millones de pesos, en total. Casi 10 veces lo que se piensa gastar el Gobierno Deportes, la otra subsecretaría bajo la conducción de la ministra de Salud, Ana María Nadal.

La idea es gastar la mayor parte de ese dinero (56 por ciento) en niñez y adolescencia, la prioridad principal, y el 24 por ciento restante en adultos mayores, discapacitados y el colectivo LGBT.

La orientación es soportar un escenario de parate económico fuerte“, dice Verón, para el año siguiente de la pandemia, que no se sabe si será la pospandemia. La previsión alimentaria es más amplia todavía, ya que los 726 millones pautados no incluye las viandas escolares y lo que se entrega en los hogares de la Dirección General de Protección, que albergan a más de 2.600 niños en total.

El detalle de la ayuda social sorprende por su magnitud. En lo que va del año, la Subsecretaría de Desarrollo social ya ha distribuido, por ejemplo, 156.000 paquetes de leche entre la población más carenciada. Las raciones para los comedores por su parte demandan un gasto mensual de 5,4 millones y además se entregan tarjetas alimentarias por unos 6 millones de pesos al mes.

A la ayuda provincial se suma la tarjeta alimentaria nacional, que otorga desde mayo entre 4 y 6 mil pesos por mes a cada una de las 65.000 personas que recibe la asignación universal.