Así lo sostiene el presidente de la entidad, Roberto Irrera, que cree que prorrogar el decreto que mantiene congelado el precio de los alquileres y que prohíbe los desalojos, “es una medida que perjudica a todos, tanto a los dueños de las viviendas, como a los inquilinos“.

Hoy está previsto que el gobierno nacional defina si prorroga la medida (ver nota)

El DNU del congelamiento es “una medida temporal que pero no se puede extender indefinidamente. Es una medida típica de un gobierno no puede resolver el problema de fondo que es la inflación por eso acude a este tipo de medidas, que no benefician a nadie. Perjudican a todos y no benefician a nadie“, dijo.

Por un lado, los propietarios tienen congelada su renta desde marzo, y los inquilinos se verán obligados a afrontar una actualización abrupta de las cuotas cuando en algún, el Gobierno no prorrogue más esta norma que fue tomada en el peor momento del parate económico que produjo la pandemia“, explicó Irrera, quien también es el vicepresidente segundo de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina.

El congelamiento de los alquileres se dispuso en marzo del año pasado, en el marco de varias medidas de alivio del impacto económico de la pandemia. El primer decreto (320/2020) mantenía los precios vigentes a marzo hasta el mes de septiembre de 2020. Luego, un segundo decreto (766/2020) prorrogó la medida hasta fines de enero de este año.

Una vez vencido el congelamiento, está previsto que los inquilinos puedan pagar en cuotas (al menos tres y como máximo seis) las diferencias entre lo que pagaron durante la vigencia del decreto y el valor estipulado en los contratos. Si no hubiera cambios, la primera de esas cuotas debería pagarse en febrero de 2021.

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