El grupo está integrado por un fiscal especialmente designado que es monitoreado por un fiscal en jefe, ayudantes fiscales y altas autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad.

“La idea es intervenir de forma rápida; actuar inmediatamente para que la situación no sea más compleja. La gente plantea que tiene problemas habitacionales y, una vez que se desactiva la toma, se les da intervención a las municipalidades”, explicó Darío Tagua, fiscal en jefe de la fiscalía Correccional y coordinador de esta nueva agrupación de la Justicia.

“Tenemos claro que la clave es la agilidad para actuar, no permitir la usurpación. Si demoramos, ya la situación cambia y hay que sacar a la gente y a los niños que se han instalado”, dijo el fiscal.

También intervienen profesionales de los ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios) para los casos donde haya menores de edad involucrados, que suelen ser llevados por sus familias a este tipo de movimientos.

El fiscal Fernando Giunta -también integra la Unidad Fiscal de Tránsito- es quien está al frente de estas causas, y debió intervenir el último miércoles en la noche, tras un llamado al 911 sobre la existencia de unas 20 personas en un terreno de la bodega Espiño e Hijos, en Mayor Drumond, Luján de Cuyo.

El fiscal Tagua recordó que el Código Penal, en el artículo 181, expresa claramente que “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo; y el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble».

Se ha actuado preventivamente por lo que se ve en otras ciudades. Nos mantenemos comunicados de forma permanente a través de un grupo de WhatsApp con jefes policiales y del Ministerio de Seguridad, y ni bien tenemos una denuncia, se activan los protocolos”, comentó Tagua.

Asiste al lugar personal de la fiscalía, mediadores y, si es necesario, la fuerza pública. No hay negociación con quien quiere usurpar; la gente que está ahí tiene que entender que debe cesar en esa práctica, dijo el funcionario judicial.

 

Con contenido de Los Andes y Mendoza Post