Victoria Donda, que sigue siendo investigada por la denuncia que le realizó su ex empleada doméstica por el delito de defraudación contra la Administración Pública, en grado de tentativa; ahora designó a su abogado en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que ella misma comanda.

El letrado en cuestión es Emiliano Montini, y quedó designado como director de Asuntos Jurídicos del INADI. Por esto, se podría haber vulnerado el Código de Ética de la Función Pública.
Montini ya era letrado patrocinante de Donda desde antes de su designación en el INADI, en un amparo que la titular del Instituto había iniciado contra el Ministerio de Seguridad de la Nación.

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Emiliano Montini

Es decir, antes de asumir su cargo, no renunció al patrocinio de Donda, y aún puede constatarse su carácter de patrocinante en el expediente electrónico. Además, apenas seis días después de su designación, Montini recibió la cédula que le notificaba el fallo de Cámara ratificatorio de la sentencia apelada por la actora.

Entonces, según la presentación, resulta claro que Montini cumplió —mientras ejercía su cargo público— al menos una función esencial del proceso, de la cual se deriva el deber de comunicar el resultado y asesorar a su clienta, su superior jerárquico en el INADI, sobre los pasos que debían tomarse en relación con el litigio.

Osvaldo Barsanti, abogado de Arminda Banda Oxa, una mujer de nacionalidad boliviana de 62 años, que hace 14 trabaja como empleada doméstica de Victoria Donda, denunció a la funcionaria por el delito de defraudación contra la Administración Pública, en grado de tentativa.

La acusa de haberle ofrecido a la mujer un contrato en el INADI o anotarla en un plan social a cambio de que renuncie al trabajo en su casa.

Con los elementos de prueba que ya hay en la causa judicial, una de las medidas que tomaría el fiscal Marijuan sería citar a indagatoria a la titular del INADI, para que se defina su situación procesal.

Ahora, con esta designación, Donda suma una denuncia de la Fundación Apolo, a través del Equipo de Activismo Judicial que coordina el abogado José Magioncalda ante la Oficina Anticorrupción (OA).

 

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