Como si no urgiera el tiempo, la Corte Suprema le dio 72 horas al Procurador y 48 horas a la Ciudad para que respondan sobre una documentación, en tanto desestimó un pedido de Zannini para que intervenga Kicillof.

Aún cuando la procuración responda mañana mismo, la Corte solo tendría tres días hábiles para dictar una sentencia, antes de que el decreto pierda vigencia, ya que las restricciones de las clases presenciales se extienden hasta el viernes 30 de abril.

Así las cosas, y a primera vista, la decisión judicial está al límite. Pues la Corte Suprema, aún cuando reciba el dictamen de la Procuración, puede fallar cuando quiera, pues no tiene plazos.

Esta situación abre la posibilidad de que expire el plazo del decreto y que aún así la Corte dicte una sentencia declarando abstracto del problema, pero defendiendo la autonomía porteña y los límites del Poder Ejecutivo con los decretos, con lo que el fallo puede no tener efecto en el presente, sino a futuro, que opere como un mandato o una guía ante nuevos decretos que prorroguen las restricciones.

La posiblidad de que se aleje una solución jurídica es compatible con el acercamiento política de las últimas horas entre la Ciudad y la Nación para definir en conjunto las restricciones y la llegada de una “presencialidad administrada” en los colegios, con clases algunos días por zoom y otros en el aula,

La Ciudad confía en que aún en este escenario -que en la Corte no confirman, pues no sale una palabra de los jueces del tribunal- los magistrados podrían expresarse sobre la autonomía porteña sin meterse en el asunto si la medida de suspender las clases presenciales eran razonable en función de los fines.

Tal es así que puede ser entonces que los jueces den definiciones, pero para adelante, sin entrar en la discusión de la razonabilidad con la norma expirada, pero valorando la autonomía de la Ciudad.

Y eventualmente exhortando a las partes a un diálogo y solución política, como la que encararon en la negociación por el recorte de los fondos coparticipables que por decreto dispuso la Nación a la Ciudad.

En la Procuración recibieron la notificación de la Corte y trabajarán para tener el dictamen lo antes posible. Puede ser el día de mañana, dada la complejidad de los asuntos a resolver. Está trabajando en el asunto la procuradora ante la Corte, Laura Monti, como lo hizo cuando dictaminó en favor de la competencia originaria del máximo tribunal.

El máximo tribual también determinó que no se admitirá en el juicio a la provincia de Buenos Aires, como lo reclamó la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini.

Ahora la Corte tiene en sus manos la decisión. Podría analizar el asunto desde el punto de vista jurídico, poniendo el acento en si es válido o no el decreto presidencial y si avanza o no sobre la autonomía porteña, sin adentrarse en los aspectos sanitarios.

La Corte, que analizaría el fondo del reclamo y no solo la medida cautelar reclamada que pide la suspensión de la norma, corre contra el reloj porque los efectos del decreto presidencial cesan el viernes próximo.