Aunque parezca increíble, una vez más la justicia argentina escribe otro capítulo de estupidez supina y de falta de respeto a las víctimas. Esta vez, la carente de empatía es una jueza.

El suceso ocurrió en el barrio porteño de Balvanera, el pasado sábado 23, cerca de las 14, cuando una joven venezolana fue citada en un local de la calle Paso al 600, para una entrevista laboral que había coordinado momentos antes por la red social Facebook con un hombre de nombre “Santiago”. Más tarde se comprobó que no era su verdadero nombre.

Thais, la madre de la denunciante, dijo a Télam que el acusado le pidió a su hija cenar el viernes para así “poder hablar sobre el trabajo”, propuesta que fue rechazada por la joven, que finalmente acordó presentarse el sábado por la mañana. Curiosamente, según registros comerciales consultados, Irineo Humberto Garzón Martínez, registrado en el rubro de venta de artículos varios de la AFIP, no muestra pagos recientes de aportes a empleados.

Ante esa circunstancia, la madre le pidió que al llegar le enviara una foto del frente del comercio y los datos del dueño del lugar. Finalmente, la joven arribó al comercio ese sábado, dedicado a la venta de indumentaria del rubro de la medicina, realizó la entrevista y comenzó a trabajar normalmente.

Según el relato de la mujer, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces “un vaso de gaseosa o de jugo” que finalmente aceptó cerca del mediodía. De acuerdo a su relato ante los investigadores, tras beber un vaso de agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su hermana explicándole la situación.

Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, expresó la joven en el mensaje que le envió a través de WhatsApp y agregó la dirección en donde se encontraba.
La hermana de la joven avisó de manera urgente a su madre, quien se encontraba cerca del comercio. La mujer enseguida denunció el hecho al 911, por lo que personal policial arribó al lugar y encontraron el local con las puertas cerradas y la persiana baja.

Captura de alguno de los chats entre el violador y la víctima cuando le ofreció trabajo

Tras llamar varias veces, la Policía de la Ciudad ingresó, detuvo al hombre y hallaron a la joven tirada sobre una escalera en el fondo del comercio con el torso desnudo y supuestamente bajo el efecto de psicotrópicos.

Según confiaron los efectivos estaba “con el pantalón desabrochado, descalza, inconsciente, llorando y balbuceando”. Al lado estaba el dueño del negocio, Garzón Martínez, quien fue detenido.

La víctima y su madre fueron asistidas por un gabinete psicológico. Sin embargo, el acusado, de 35 años, insólitamente, quedó en libertad por orden de la jueza Karina Zucconi, titular del Juzgado N°15.

La jueza Zucconi consideró que la mera pena en expectativa no era un argumento suficiente para mantener preso al acusado.

No hay elemento alguno de momento que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia”, afirmó. Consideró, por otra parte, que su arraigo era dudoso. Así, le concedió la caución juratoria, una fianza bajo palabra, le prohibió acercarse a la víctima o contactarla, así como salir del país y lo obligó a presentarse mensualmente en el juzgado.

La fiscal del caso, Silvana Russi, se opuso a la excarcelación. Los motivos eran evidentes: la imputación de abuso por acceso carnal establece una dura pena, con un mínimo que excede una condena en suspenso, que el riesgo de fuga y de que el acusado entorpeciera la Justicia era claro. Garzón Martínez no vive en el domicilio aportado en Mataderos, según información de la causa.

Luego de conocerse la denuncia de la joven y que se viralizara en las redes sociales, otras mujeres aseguraron haber sufrido situaciones similares con el mismo hombre, “Santiago”, quien las había contactado por ofertas laborales, les hacía comentarios sobre su apariencia física y siempre ponía mucho énfasis en si estaban solas o en pareja.

Otro incalificable papelón vergonzoso de un magistrado argentino.