Con el apoyo del intendente Juan Manuel Ojeda, piden además el cobro de un fondo de compensación por daños producidos por estos animales salvajes.

Estas especies tienen la protección del Estado a través de la ley provincial de Fauna, sin embargo, el problema de fondo, es que estos animales atacan al ganado de los productores, provocando serias pérdidas económicas.

Para poder pelear contra el puma y el zorro, necesitamos que los legisladores de todos los partidos realmente acompañen y tomen la definición de permitir la caza controlada”, dijo en declaraciones televisivas el intendente malargüino.

Desde el municipio indicaron a diario Los Andes que Ojeda no va a presentar proyecto alguno al respecto. No obstante, el jefe departamental está favor de permitir la caza controlada del puma y el zorro y de evaluar cualquier tipo de opción que permita preservar la producción de los crianceros.

Algunos grupos protectores de animales señalaron que terminar con la vida de pumas y zorros no es la solución a un problema de larga data. Al mismo tiempo vale recordar que, según han manifestado en reiteradas oportunidades los puesteros de esta zona del sur mendocino, las pérdidas de ganado por depredación de animales silvestres afectan a más de la mitad de los productores.

Tomás Estay, representante de los crianceros, indicó que la problemática con los zorros y los pumas es un tema que vienen señalando hace muchos años. Además, recordó que los 2.600 productores necesitan que se ponga en marcha el fondo compensador estipulado en la ley 8.846 y que aun no se implementa (pese a estar reglamentado según lo informado por el ministerio de Economía).

Por otro lado, insistió en que se les permita la caza controlada. “La situación con el puma y el zorro es incontrolable. Hay superpoblación y estamos viendo la posibilidad, a través de denuncias y fotografías, que desde la dirección de recursos naturales los declaren animales dañinos”, señaló Estay.

Por otro lado, indicó que es un daño muy grave el que sufre el puestero de ganado menor, de ovejas y cabras, e incluso el mayor. “Están matando terneros y potrillos. No se pueden criar yeguarizos. A los productores nos están dando la espalda. Vamos a tener que empezar a cambiar y a exigir las leyes”, consideró, agregando que la ley 8.846 ya está sancionada, pero fue “cajoneada”.

Para terminar con sus argumentos, Estay señaló que el puma y el zorro no se exterminaron cuando eran de caza libre, cuando se comercializaba la piel, por lo que entiende que es muy difícil que se extingan.

La protectora Avecobam Malargüe expresó su repudio a partir de un comunicado en el que manifiestan que “sin consultar con especialistas, desconociendo leyes nacionales y provinciales y sin valorar el arduo trabajo de las personas que día a día trabajan a pulmón en las problemáticas ambientales y de superpoblación animal que son de larga data en Malargüe, el señor intendente demagógicamente apuesta a viejas prácticas, caducas y sin sentido, en vez de inclinarse por educación en la temática para la población en general, en apoyar a las entidades que promueven medidas de control no agresivas y en gestionar políticas públicas participativas y sustentables en el tiempo”.

Por su parte, Jennifer Ibarra, titular de fundación Cullunche, indicó que la matanza de pumas y zorros ha sido una medida histórica de control poblacional que data del 1.800, pero ya no es acorde con la situación ambiental, económica ni social que vive el país y mucho menos Malargüe.

No es la primera vez que Malargüe intenta implementar la caza de pumas y zorros. Hace 30 años que lo intentan. Más de lo mismo. La propuesta del intendente Ojeda, la cual repudiamos, de arremeter nuevamente contra nuestra fauna con cacería y traslados, es anacrónica, descabellada y transgrede leyes vigentes de protección de la fauna”, apuntó Ibarra a través de un comunicado.

Con un marco legal que protege al zorro y al puma, el Gobierno de Mendoza busca implementar la Ley 8846 para compensar con fondos provinciales a los crianceros, reglamentada en 2019.

Lo que estamos pidiendo es recibir una ayuda económica por la pérdida de los animales. Hoy no estamos recibiendo nada y con este problema estamos perdiendo el 80% de los chivos y las ovejas“, advirtió Tomás Estay, referente de los productores ganaderos autoconvocados.

Para que se avance efectivamente en la creación de un “Fondo Especial de Compensación para los Productores Ovinos y Caprinos Afectados por la Depredación de los Carnívoros Silvestres”, la dirección de Ganadería busca instrumentar un censo para conocer cuántos animales se pierden con estos ataques.

La norma establece que se conformará de una partida presupuestaria y no podrá ser inferior al millón de pesos.