Carlos Rosenkrantz, denunció que es blanco de una «persistente campaña de desprestigio» y rechazó por «infundadas» las acusaciones de una diputada kirchnerista que pidió su juicio político.

«La legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno«, afirmó el juez.

En una declaración que hizo pública esta tarde, el juez contestó una por una las imputaciones de la diputada Vanesa Siley, la diputada del Frente de Todos, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Oleada #2 | Cara a cara con Vanesa Siley – Barricada TV

La legisladora kirchnerista pidió el juicio político de Rosenkrantz «por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones».

A sólo cuatro días de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitara el per saltum para tratar la decisión del gobierno de dar marcha atrás con el traslado de tres jueces que investigan a Cristina Kirchner, se conocióla novedad de que el oficialismo había pedido el juicio político en contra del titular del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz.

La autora de la iniciativa es la diputada del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, que presentó el proyecto el 25 de septiembre y pidió que se investigue al presidente de la Corte Suprema por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.

Rosenkrantz contestó que «es curioso» que ahora se lo acuse por un fallo dictado hace tres años, que fue firmado por otros dos jueces y dijo que es «es llamativo» que se lo acuse «por no ceder frente a las protestas en las calles».

Le dijo a Siley que «no leyó» su voto cuando lo acusa de no haber reparado en que los delitos no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena y remarcó que el cómputo de la pena en el caso Batalla «no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena».

Luego refutó la acusación acerca de que estaba demorando una causa para beneficiar a la familia Blaquier. Dijo que era «completamente absurdo» vincularlo con el argumento de que su mujer integra la ONG Cimientos, que da becas a estudiantes de bajos recursos, donde también colabora un sobrino de los Blaquier.

Con respecto al trámite del expediente señaló que la información «es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web». Informó que el caso llegó a la Corte en 2015 (un año antes de su incorporación como juez) y que tuvo el caso en dos oportunidades, entre el 2 de mayo y el 11 de julio de 2019, y entre el 5 de agosto y el 15 de noviembre de 2019. «De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi vocalía menos del 10% del tiempo total», replicó.

Rosenkrantz respondió: «Nuevamente, la acusación es infundada». Y dijo que no se menciona ninguna decisión en ese sentido y que las decisiones administrativas requieren la firma de tres jueces. Por eso, este año convocó a una reunión de la Comisión Interpoderes para esta semana «para agilizar el trámite y resolución de los casos de lesa humanidad y afrontar cuestiones logísticas de estos procesos», dijo.

El pedido de juicio político también menciona conflictos de intereses en casos que supuestamente lo obligaban a excusarse. Rosenkrantz señaló: «Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria».

Y explicó que había adoptado el criterio de excusarse o abstenerse cuando consideró que su participación podía generar dudas sobre su imparcialidad «en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte».

 

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