Ministerio de Gobierno, trabajo y justicia. Reunión de la Comisión Asesora para la redacción del nuevo Código Civil y Comercial de Mendoza. Presentes Subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D`Agostino Dillón Asesores

Si la Suprema Corte de Mendoza se inclina en favor del «garantismo», mas de 200 presos podrían reclamar la revisión de sus condenas.

El Dr. Marcelo D’Agostino, Subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza,  miembro del Consejo de la Magistratura de Mendoza, y vicepresidente del Consejo Federal de Justicia; informó vía Twitter la novedad.

No es un debate menor.  Se da en el marco de un estado de posiciones my emocionales en torno al tema de la inseguridad en el país, y obviamente, aquí mismo, en nuestra provincia; en especial en lo relativo a qué debe hacerse con quienes delinquen.

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Según plantea D’Agostino, el riesgo podría consistir en «un debate en Mendoza, promovido por un sector de nuestra justicia, que pretende que se declare la inconstitucionalidad de la Prisión Perpetua. Esto puede dejar a más de 200 delincuentes peligrosos condenados en la calle. Audiencia Pública en la Corte», según sus propias palabras.

Quienes se oponen a la prisión perpetua suelen decir que es «inconstitucional» porque encubre una pena de muerte (morir en la cárcel), o porque es «indeterminada» o aún porque es inhumana.

Sin embargo, no es del todo cierto que la prisión perpetua sea «indeterminada». Ni que sea «a perpetuidad», ya que cumplidos 35 años de prisión, los presos pueden salir si un tribunal juzga que pueden insertarse en la comunidad; cuestión que regula el artículo 13 del Código Penal. Pueden acceder a salidas transitorias, permisos especiales, y también son sujetos de indultos, amnistías, o conmutaciones de penas.

Se enmarcan en este «sector», aquellos jueces y letrados en general de la talla de Eduardo Martearena, camarista prestigioso y de extensa trayectoria que, en su momento, falló en el caso de Juan Bernardo Lucero, un «trapito» de Godoy Cruz que fue asesinado con toda alevosía, imponiendo a los acusados una pena de 25 años, distinta a la tipificación del crimen la prisión perpetua, tal como prevé el Código Penal vigente. También se alinean en este sector más «blando» Omar Palermo y varios jueces de tribunales menores y funcionarios de la justicia, acompañados por jueces como Mario Adaro Julio Gómez, en general simpatizantes de Justicia Legítima y doctrinas del tipo «abolicionistas».

Por otro lado, están quienes se ven más comprometidos con una visión más dura de la justicia, como Dalmiro Garay, el juez José Valerio, la jueza Teresa Day, y el juez Pedro Llorente; que expresan un pensamiento probablemente más «duro» en la interpretación de la justicia.

No pareciera, sin embargo, que pueda favorecerse una modificación definitoria en favor del «garantismo» que promueven algunos juristas, sin embargo, seráun intenso debate que terminará en la Suprema Corte de Mendoza, la que deberá fallar en un plenario de los siete jueces.

Muy probablemente obligarán a un tribunal colegiado a dar prisión perpetua a los asesinos del «trapito» Juan Lucero. Si el fallo fuese en contrario, habrá 221 reclusos que cumplen perpetua en este momento en Mendoza, pidiendo la revisión de sus condenas, y eventualmente su libertad hasta que haya un nuevo fallo.

 

 

 

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