Las empresas no podrán alegar causas de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y el parate económico producto de la cuarentena obligatoria.

Según detalla el decreto que se publicará en el Boletín Oficial, también se extenderá la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos. No obstante, el documento aclara que quedan exceptuadas las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

“Resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar”, dice la norma en sus considerandos.

El Gobierno reconoce que la cuarentena “impacta directamente” en la actividad económica, por lo que asegura que “corresponde adoptar medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias”.

Además, el decreto señala que los despidos y suspensiones que se produzcan a pesar de la prohibición “no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

El nuevo decreto también será por otros 60 días y contemplará los mismos fundamentos que se dieron desde la Casa Rosada: la medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.

El tema fue analizado el jueves pasado en una reunión de la cúpula de la CGT con la UIA donde hubo coincidencias entre empresarios y sindicalistas en mantener la suspensión de los despidos. Estas inquietudes se trasladaron luego a la Casa Rosada de manera informal por diferentes canales de diálogo que mantiene tanto el Presidente como los ministros Cafiero y Moroni.

Al mismo tiempo, el Gobierno ampliará la cantidad de empresas que recibirán ayuda estatal para pagar los sueldos de sus trabajadores. Casi ocho de cada diez empresas argentinas solicitaron asistencia para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia lo que obligó al Gobierno a inyectar una suma equivalente a los 1.600 millones de dólares.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó que unas 420.000 empresas se inscribieron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) impulsado por el gobierno argentino tras decretar la cuarentena obligatoria el 20 de marzo.

El Decreto 487 completo.

 

Fuente: NA