Rige desde el 1 de enero.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una nueva actualización de los montos límites a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales están obligadas a informar las operaciones de sus clientes. Este ajuste se realiza semestralmente y está vinculado a la inflación acumulada en el periodo anterior.
A partir de este mes, los bancos y plataformas digitales deben reportar a ARCA las siguientes operaciones:
Montos superiores a $600.000: incluye consumos con tarjetas de débito del país y movimientos totales de billeteras virtuales.
Ingresos o egresos mayores a $1.000.000: aplicable a Total de acreditaciones bancarias registradas en el mes. Total de depósitos a plazo constituidos en el mes. Extracciones en efectivo en el país o en el exterior, por ventanilla, cajero automático o cualquier otro medio. Saldo final en cuentas bancarias al último día hábil de cada mes. Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes.
$2.000.000: Aplicable solo para billeteras virtuales, en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a dicho monto.
Estas cifras actúan como umbrales de alerta para la agencia, que puede requerir a los contribuyentes la documentación que acredite el origen de los fondos cuando se superen dichos límites, con el fin de asegurarse de que la plata provenga de actividades legítimas y declaradas.
¿En qué afecta a los consumidores la nueva resolución de ARCA?
En nada. Simplemente, es un régimen de información que deben cumplir las entidades financieras, billeteras virtuales y plataformas de informar a ARCA sobre los movimientos de sus clientes que pasen los límites mencionados en sus cuentas.
Es decir, que no tiene impacto directo en los consumidores, ya que no modifica sus obligaciones fiscales ni genera costos adicionales.
Resolución General 5512/2024
La normativa que regula esta actualización se enmarca en la estrategia de modernización fiscal de ARCA. Su objetivo principal es garantizar una mayor trazabilidad de las operaciones financieras, prevenir la evasión y adaptar los controles al auge de las fintech y el comercio digital.
Con ajustes periódicos que mantienen los valores en línea con la inflación, el régimen permite que el fisco mantenga la efectividad de su sistema de monitoreo sin sobrecargar a las entidades.
