En apenas siete días, la vida judicial de Alberto Fernández dio un giro feroz. Hasta ahora, solo lo preocupaba una acusación por corrupción por manejos irregulares con los contratos de seguros del Estado y la sospechosa de jugosas comisiones para intermediarios, uno de los cuales era el marido de su secretaria. Había querido apartar sin éxito de ese expediente al juez Julián Ercolini, al que considera un enemigo. Insistía ante quien quisiera escucharlo que nunca cometió un acto de corrupción y que iba a demostrarlo. Pero desde hace una semana el escenario judicial cambió bruscamente: quedó imputado por lesiones contra su ex esposa Fabiola Yañez, que lo acusa de haberla golpeado, maltratado y hostigado.
En las últimas horas, no solo se difundieron una serie de chats y fotos que lo comprometen abiertamente. Anoche también se ordenó el allanamiento al departamento de Puerto Madero en el que vive: se llevaron 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y 2 memorias.
La orden del allanamiento fue pedida por los fiscales del caso Ramiro González y Carlos Rívolo, y materializada por personal de Policía Federal en el departamento de Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero.
El fiscal Rívolo pidió el allanamiento para secuestrar el celular del ex presidente porque sospecha que habría seguido hostigando a Fabiola Yañez, según ella mismo lo denunció.
El operativo se dio luego de que este viernes la causa fuera sorteada y quedara nuevamente en manos del juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10.
En ese marco, el ex mandatario designó a la abogada de Familia Silvina Carreira como su defensora.
