Es por el conflicto de las aguas del río Atuel. En caso que no haya acuerdos, será la Corte la que decidirá.

El miércoles que viene se realizará a través de teleconferencia la primera reunión del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) tras el fallo de la Suprema Corte en que fijó la semana pasada un caudal permanente de agua de 3,2 m3 por segundo en el límite entre las jurisdicciones, en el que la provincia insistirá en un plan de obras que asciende los $ 1.000 millones.

Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado terminó adaptándose a la mejor alternativa que veía nuestra provincia: mejorar el caudal de agua que llegue al noroeste pampeano, pero en base a obras y no de manera inmediata, ya que hubiese significado un perjuicio notable para los productores del sur mendocino.

Para Mendoza ha sido en su momento una buena noticia, ya que había planteado un esquema de financiamiento de un 70% por la Nación, un 15% Mendoza y el 15% restante La Pampa. no obstante, se verá en las próximas reuniones si hay cambios en los montos.

Ahora La Pampa y Mendoza tienen 90 días para ponerse de acuerdo y fijar una serie de obras que se financiarán en parte con la Nación, para llegar de los magros 0,5 m3/s hasta los 3,2 fijados por la Corte.

En el Ejecutivo saben que la relación entre Mendoza y La Pampa no es la mejor, y que ahora se sumó otro frente de batalla, que es Portezuelo del Viento y el supuesto perjuicio que implicaría el levantamiento de la presa en las aguas del río Colorado.

Algunos de los actores políticos locales, sugieren que la provincia vecina ha hecho una cultura del “antimendocinismo” que además ha jugado fuertemente en las campañas electorales, lo que podría provocar un perjuicio para la búsqueda de consenso entre los gobiernos del radical Rodolfo Suárez y el peronista Sergio Ziliotto.

“Teníamos el temor que con el cambio de Gobierno nacional, tras la salida de Macri, también mutara la posición que había tenido la Nación hasta el momento en el conflicto del río Atuel. Nos parecía que las obras propuestas por el INA no eran negativas a nuestro entender, por eso nos presentamos ante la Corte y adherimos ese plan de trabajos”, destacó uno de los representantes de Mendoza que ha seguido de cerca este tema.

De esa manera, Mendoza evitaría lo que finalmente ocurrió con Portezuelo del Viento: el giro político que dio el gobierno de Alberto Fernández a favor de La Pampa, poniendo trabas a la realización de la obra a través del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

Con contenido de Los Andes

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