La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy un fallo que había rechazado excarcelar o conceder prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, y le ordenó al Tribunal Oral Federal 4 que resuelva otra vez sobre un planteo de su defensa en la causa conocida como M&P, en la que se lo acusa de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones. Luego de más de cuatro años de estar detenido, el dueño de Austral Construcciones quedó muy cerca de irse a su casa con una domiciliaria.

Hay una fianza pedida por el fiscal de 5 millones y medio de dólares. Si paga la fianza, podrá acceder al arresto domiciliario

Desde la defensa de Báez dijeron que ese monto es muy elevado y adelantó que ya están trabajando para contratar un seguro.

La decisión del máximo tribunal penal federal del país se tomó porque el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, Abel Córdoba, aceptó el planteo de su defensa.

Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal en junio y le ordenaron volver a resolver “con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal”, que avaló la morigeración de la prisión preventiva de Báez y todavía tiene pendiente su alegato en el juicio de “la ruta del dinero K”.

Además, remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), “no se hizo presente” a la audiencia fijada para debatir la cuestión.

Se trata del caso conocido como “M&P”, otra empresa de la familia Báez, que ya fue elevado a juicio oral. La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”. Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios.

De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.

Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.

Algunas de las empresas utilizadas eran fantasmas, según determinaron el fiscal Guillermo Marijuán y el fiscal Sebastián Casanello. Una de ellas, Xhoris, figuraba a nombre de un cuidacoches que trabajaba en una esquina de la ciudad de La Plata y admitió ante la Justicia que firmó los papeles a cambio de dinero. En otra de las firmas, Indigo SA, aparecía el abogado Jesús José Rodríguez Cimolai, que supo representar a la ex mujer de Báez. Esa firma -también investigada en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)- hizo una transferencia de $2 millones (más de 150 mil dólares al cambio de ese momento) a Austral por la supuesta compra de hormigón. Cuando los investigadores allanaron el domicilio de la empresa, se encontraron con la madre y un hermano de Cimolai.

En ese juicio, además de Báez, serán juzgados su hijos Martín y Luciana Báez, y otras 15 personas.

El 19 de junio último, el Tribunal que juzga a Báez por lavado de activos en el juicio por “la ruta del dinero K” rechazó excarcelar al empresario pese al planteo fiscal a favor de conceder el beneficio con tobillera electrónica.

Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016. Su defensa argumentó que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, lo cual lo pone en situación de riesgo ante la pandemia de coronavirus.

El juicio por “la ruta del dinero K” está a un paso de la sentencia. El TOF 4 ya tuvo que suspender tres veces la reanudación del mismo por videoconferencia. La nueva fecha prevista es el 22 de julio. Báez había cuestionado esa metodología, que lo iba a obligar a seguir el juicio desde la cárcel de Ezeiza junto a su hijo Martín. El empresario también está siendo juzgado en el caso de la obra pública. En ese caso ni si quiera hay una fecha prevista para retomar las audiencias.

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