Será desde septiembre.

El Gobierno de Mendoza dictará un curso específico de Ley Micaela y Participación Política destinado a todos los partidos políticos provinciales. La capacitación será de forma virtual y asincrónica a través de la plataforma del Instituto Provincial de Administración Pública en conjunto con la Dirección de Género y Diversidad.

Busca la cooperación y colaboración con objeto de desarrollar, de forma conjunta, proyectos vinculados con las incumbencias de ambas instituciones en materia de género y violencia contra las mujeres. Incluye capacitación y formación de recursos humanos, intercambio de experiencias, asistencia técnica y toda otra iniciativa para beneficio de ambos signatarios en el marco de la Ley nacional 27499, Ley Micaela.

La directora de Diversidad y Género, Belén Bobba, dijo que “la idea es poder incorporar la perspectiva de género a la hora de debatir políticas, ya que los dirigentes que participan, muchas veces están en estos espacios del Estado. Por ello, es absolutamente necesario que se capaciten en perspectiva de género para evitar a futuro, la violencia política, que es un tipo y modalidad de violencia dentro de la Ley 26485. De esta manera quedan invitados todos los afiliados a los partidos políticos y también los que presiden los distintos partidos”.

El Gobierno de Mendoza invitó a todos los partidos políticos de la provincia a adherir al convenio. El primero en hacerlo fue la Unión Cívica Radical. Pero, se espera que se sumen el resto de las fuerzas políticas a la capacitación que iniciará en septiembre.

Ley Micaela en Mendoza

Mediante la Ley provincial 9196, Mendoza adhirió a la Ley nacional 27499 -conocida como Ley Micaela-, norma que dispone la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Esta ley promueve la formación en temas de género y violencia contra las mujeres en los ámbitos públicos. La misma se impulsó a partir del femicidio de la joven Micaela García, ocurrido el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Su femicida, Sebastián Wagner, quien cumplía una pena de 9 años por abuso sexual, asesinó y violó a la joven mientras gozaba del beneficio de la libertad anticipada.

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