Ante la lentitud del procedimiento, Tribunal Penal Colegiado 2 emitió un comunicado para defenderse de las críticas.

Los jueces del Tribunal Colegiado Penal 2 Gabriela Urciuolo, Rafael Escot y Belén Salido quedaron en el ojo del huracán por la lentitud del segundo juicio por maltrato a menores sordomudos en el Instituto Antonio Próvolo, que funcionaba en Luján de Cuyo.

El halo de secretismo y ciertas medidas que permitieron, por ejemplo, que la monja Kumiko Kosaka fuera dada de alta de forma ambulatoria pese  todas las dilaciones para mantenerla en custodia.

El segundo juicio por el caso Próvolo comenzó el 3 de mayo de 2021 y, un año después, la posibilidad de sobreseimiento y condena es remota. Incluso Xumek, la asociación para la promoción y protección de los derechos humanos a la que pertenecen los abogados de los querellantes, pronosticó que, de seguir el ritmo actual, el debate durará 14 años y 9 meses.

La lentitud y la decisión de realizar el debate “a puertas cerradas” también contrasta con lo ocurrido durante el primer juicio contra las autoridades religiosas y los empleados de Próvolo, que concluyó en noviembre de 2019 con las condenas de los sacerdotes. Horacio Corbacho y Nicola Corradi (recibieron 45 y 42 años de prisión, respectivamente) y el exempleado Armando Gómez, quien recibió 18 años.

En su descargo de cuatro páginas, los integrantes del Tribunal Colegiado en lo Penal 2 que adelantan el juicio, que incluye a nueve imputados, explicaron los motivos de sus resoluciones «a fin de llegar a toda la sociedad mendocina y a las presuntas víctimas, especialmente».

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