Hay más de 1.250.000 beneficiarios, de los cuales varios cientos de miles se otorgaron en los últimos años.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud, comenzó a auditar las 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral otorgadas a beneficiarios de la provincia de Buenos Aires y 27.000 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una primera fase. Luego, se seguirá con el resto del país.
El proceso es que se citará a las 1.223.864 personas beneficiarias de pensiones por invalidez, para determinar quienes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”, porque para acceder al cobro se cometieron ilícitos en el trámite necesario para conceder la pensión. En otras palabras, se busca identificar a personas que estén cobrando la pensión sin cumplir los requisitos legales para merecerla. Y dar de baja el beneficio; además de abrirles una causa penal.
Una investigación oficial había revelado “graves irregularidades” y “un esquema de corrupción”. Solo el 7% cumplían con los requisitos establecidos. En este sentido ya denunciaron el desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas por USD 3.400 millones.
Entre esas presuntas irregularidades se había detectado que en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, se gestionó ante el organismo una pensión por discapacidad laboral con la radiografía de un perro. Según el detalle al que accedió este medio, las irregularidades incluyen, por ejemplo, 150 expedientes en los que se utilizó la misma radiografía de hombro para justificar el diagnóstico clínico. En otros registros, en vez de la descripción médica de la incapacidad se transcribió un poema.
Esos números surgen de un muestreo que había realizado la ANDIS sobre los expedientes a través de los cuales se accedió a la pensión.
A partir del viernes se comenzó a procesar el 100% de los casos. Es decir, todos están bajo la lupa y serán dados de baja en caso de hallar inconsistencias.
Desde el 4 de julio la ANDIS pasó a depender del Ministerio de Salud a cargo de Mario Russo.
