El diputado provincial habló sobre la flamante norma de su autoría que fue aprobada este martes en la Cámara de Diputados y lo hizo en el programa televisivo AMM de Canal 8.

Vale destacar que a través de esta ley, en la provincia de Mendoza se dispuso que perderán el acceso a beneficios fiscales, sociales, tributarios y subsidios estatales, a toda aquella persona que usurpe tierras o campos privados o estatales.

De esta manera, y ante la creciente tendencia en algunos puntos del país de la usurpación de tierras y la toma de campos como método para hacerse a la fuerza e ilegalmente de un “terrenito” o bien para invadir establecimientos rurales con fines poco claros, el gobierno mendocino ha decidido anticiparse con un instrumento legal.

«El problema de las usurpaciones a lo largo y a lo ancho del país se ha visibilizado notablemente en los últimos meses. Respecto a Mendoza, nosotros tenemos el dato del Ministerio de Seguridad, los cuales indican que en los últimos 3 meses se han registrado cerca de 50 intentos de usurpación en todas las regiones de Mendoza.  En virtud de esto, estuvimos trabajando en una iniciativa que fue presentada en septiembre y aprobada en la Cámara de Diputados y ayer fue aprobada en el Senado», comenzó diciendo Difonso y agregó: «esto sucedió después de darse una discusión muy dura. En una votación dividida ya se ha trasformado en ley».

«¿Qué es lo que planteamos fundamentalmente?. Planteamos que el ciudadano mendocino que no comete delitos y que está haciendo los trámites correspondientes para cualquier tipo de actividad, tenga alguna ubicación mejorada respecto de aquella persona  que haya incurrido en el delito de usurpación por el uso de violencia, durante el engaño y que, en cierta forma, extorsiona desde la posición de usurpación al Estado para obtener o planes sociales o beneficios de urbanización y demás, por sobre otras personas que sí hace los trámites normales. Fundamentalmente, planteamos de esta manera que no se puede acceder a beneficios sociales, impositivos y subsidios si la persona está vinculada al delito de usurpación», remarcó el legislador sancarlino. «También se pontea aquí que esa persona (el que incurre en el delito de usurpación)  se priorizada por el Instituto Provincial de la Vivienda por sobre otras personas o grupo de personas que están haciendo el trámite como corresponde»., añadió.

Respecto al problema habitacional que existe hoy en el país y en provincia, Difonso apuntó: «Sabemos de la situación de vivienda, que en este punto tiene una crisis el Estado, algo que no se trata de un gobierno ni dos, sino desde hace 30 años, ya que los distintos periodos de gobierno no han podido dar una solución definitiva a este tema. Pero también entendemos que esto no puede ser el fundamento para ejercer actos de violencia y usurpación hacia la propiedad privada y, de esta manera apropiarse de un beneficio que lo priorice por sobre otros mendocinos que hacen las cosas como se deben dentro de la ley»