La comisión de Turismo de la Cámara Baja emitió dos dictámenes: el de Juntos por el Cambio, que declara la emergencia del sector turístico, y el del Frente de Todos, cuyo proyecto se denomina Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional.

Con diferencias coyunturales, de los dos proyectos, tiene más chances de ser aprobado el del Frente de Todos.

La actividad turística fue la primera en paralizarse como consecuencia de la pandemia y será la última en recuperarse”, dijo el diputado radical Alfredo Cornejo, presidente de la comisión de Turismo de la Cámara Baja, al abrir la reunión, en la que 15 representantes del sector expresaron sus reclamos y su visión de la dura crisis que sufren.

Cornejo lamentó que tras “sucesivas reuniones” con el oficialismo, de las que participaron Matías Lammens y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no se haya llegado a un único despacho de comisión.

Con estos dos dictámenes firmados, el auxilio al sector turístico, en sus diferentes propuestas, ya quedó listo para ser debatido en la próxima sesión de la Cámara Baja.

El dictamen del Frente de Todos terminó reuniendo más firmas que el de la oposición: 17 a 14 de los 31 diputados que integran la comisión de Turismo.

El despacho del oficialismo fue acompañado por la peronista cordobesa Alejandra Vigo, del bloque Córdoba Federal, y por el misionero Ricardo Wellbach, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Luis Ramón.

De sus apoyos se infiere que, en la sesión en que se trate este asunto, el proyecto del Frente de Todos tiene más chances de ser aprobado.

En qué se diferencian los proyectos

El proyecto de Juntos por el Cambio, cuyos autores son los radicales Cornejo y Gustavo Menna, propone la declaración de la emergencia del sector y que ésta rija durante un año desde la sanción de la ley y con retroactividad al al 19 de marzo, un día antes de la entrada en vigor del decreto presidencial de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Mientras el proyecto del oficialismo no establece ayudas en relación con los salarios de los trabajadores de establecimientos turísticos, el proyecto de la coalición opositora dispone que el Estado se hará cargo del 50 por ciento; tal como vino funcionando el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para todos los sectores, pero en este caso por ley, durante un año y para el sector turístico.

El proyecto delFrente de Todos, cuyo autor es el peronista formoseño Ramiro Fernández Patri, no reconoce ni establece la emergencia del sector y solamente incluyen a las pequeñas y medianas empresas dentro del plan de auxilio, de modo que excluyen a las empresas más grandes.

Además, el proyecto oficialista pone un plazo de seis meses de vigencia de las ayudas, de julio a diciembre de este año inclusive, aunque prorrogable por otros seis meses más.

El proyecto del oficialismo propone, sin establecerlas, medidas contra las cancelaciones de hospedajes o viajes —también las establece el de JPC— y anuncia un plan de infraestructura, pero en general deja todas las acciones libradas a la autoridad de aplicación: el ministerio que conduce Lammens.

Además, no ofrece herramientas de alivio fiscal. El proyecto de JPC, en cambio, establece un aplazamiento de vencimientos y la exención de retenciones y percepciones fiscales.

En particular, determina que durante la vigencia de la emergencia las empresas y cuentapropistas del sector turístico estarán exentos de pagar el impuesto a los Sellos, así como del pago de anticipos y/o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias y de retenciones y percepciones vinculadas tanto a Ganancias como al IVA correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Por otra parte, establece mecanismos vinculados a libre disponibilidad de créditos fiscales para cancelar obligaciones con el Estado, en especial en lo vinculado al IVA de no residentes, que afecta al turismo receptivo.

Entre otras diferencias, el proyecto de JPC propone créditos a tasa cero para prestadores turísticos y la suspensión de ejecuciones fiscales durante el plazo de la emergencia, además de que no se podrán promover procesos de ejecución fiscal y quedarán en suspenso los ya iniciados, al igual que las medidas cautelares y de ejecución ya despachadas.

El proyecto del oficialismo prevé un régimen de preventa, que consiste en la entrega de cupones de crédito equivalente al 50 por ciento del valor de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos por parte de personas físicas, hasta un tope a definir por la autoridad de aplicación, y financiados por el Estado Nacional a través de partidas presupuestarias específicas para este fin.

La iniciativa del FDT establece que las compras de servicios futuros se realizarán hasta fin de año y que los servicios comprados deberán ser usufructuados durante 2021 y podrán ser comercializados por los prestadores turísticos que cumplan con los requisitos que establezca la autoridad de aplicación.