Como durante aquella cruda semana de agosto en la que sufrió tres derrotas consecutivas en el Congreso, el Gobierno volvió a jugar al filo del abismo, esta vez, con el presupuesto universitario. Javier Milei dejó escalar el conflicto con las autoridades de las casas de altos estudios y los gremios, por un lado; y el malestar de sus aliados de PRO, por otro, al punto de verse obligado a poner en marcha un operativo de contención de último momento para blindar el veto del Ejecutivo a la ley de Financiamiento Universitario. El plan, ahora, está condicionado a la voluntad de otros y pende de un hilo.
Y es que este jueves se oficializó el veto presidencial con un decreto en el Boletín Oficial. Los libertarios esperaron hasta el último día para que se publique después de la multitudinaria marcha universitaria realizada ayer. La medida también tenía un doble sentido: alargar lo máximo posible los tiempos para empezar a juntar voluntades para ratificar el veto.
Se trata del principal bloque aliado que tiene La Libertad Avanza en el Congreso. Además de haber aportado figuras clave para poder movilizar la Ley Bases y el paquete fiscal en el primer semestre, han votado de manera conjunta en casi todas las oportunidades que se han presentado. De las pocas veces en que no fue así, hubo un sector importante que acompañó igual.
Luego de que en agosto el oficialismo perdiera debates legislativos como el de DNU de la SIDE, el financiamiento educativo y la movilidad jubilatoria; Milei decidió incorporar al PRO y al MID en una especie de mesa legislativa informal para coordinar temas y estrategias para futuras sesiones. Así, todos los lunes van los principales alfiles del espacio amarillo a Casa Rosada y se reúnen con sus pares libertarios y funcionarios del Ejecutivo.
Pero en el PRO avisan que esta vez la situación será diferente. «No hay una decisión definida», confirman altas fuentes de ese bloque en Diputados. Aunque indican que en las últimas semanas se vio más coordinación con el Gobierno, esto no sería suficiente como para convencer a varios legisladores a votar a favor del veto.
En el partido macrista afirman que el compromiso evidente que hay con el Gobierno tampoco los obliga a acompañarlos en todos los casos: esa afinidad no se trasladó a espacios de poder dentro del Gabinete y en priorización de fondos en el Presupuesto 2025. Aunque la gran mayoría votó en contra del proyecto de financiamiento cuando se votó el 15 de agosto, algunos están pensando en ausentarse o abstenerse.
Esto último también pasa con radicales con peluca (los integrantes del bloque radical que se escindieron de la posición de la UCR y votaron a favor del veto jubilatorio), que hay al menos dos que piensan en no concurrir al momento del voto. «No lo definí del todo todavía», esgrimió uno de ellos en diálogo con El Cronista.
En agosto, cuando se trató ese mismo proyecto en la Cámara de Diputados, la votación dio 143 votos afirmativos, 77 negativos, 35 ausentes y una abstención.
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