Hay pérdidas millonarias.
El gobierno nacional declaró el estado de emergencia y de desastre agropecuario en Mendoza debido a los daños causados por el viento Zonda, heladas y tormentas de granizo. Distintos fenómenos meteorológicos dejaron pérdidas totales en cultivos, afectando seriamente la economía local.
Esta medida, fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución 304 del Ministerio de Economía, establece beneficios fiscales y financieros para los productores afectados. Así, ratificó un decreto provincial emitido en enero.
Con la firma de Luis Caputo, se confirma la declaración de emergencia desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026, abarcando numerosas explotaciones agrícolas en distintos departamentos mendocinos.
Entre las zonas más afectadas, se encuentran los tres departamentos del Valle de Uco y se suma Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Guaymallén, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael. Donde se han registradopérdidas millonarias en la producción agropecuaria.
Aquellos productores que deseen acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509 deberán presentar un certificado expedido por las autoridades provinciales que acredite los daños sufridos en sus cultivos. Además, el Gobierno de Alfredo Cornejo remitirá un listado de afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Cuáles serán los beneficios para los productores:
Prórrogas en el pago de impuestos: los productores podrán diferir el pago de obligaciones fiscales, lo que aliviará la presión económica sobre sus explotaciones.
Asistencia financiera: se facilitará el acceso a líneas de crédito con tasas preferenciales para ayudar en la recuperación productiva.
Suspensión de ejecuciones fiscales: se evitará el inicio de procesos de cobro compulsivo de deudas impositivas, brindando un respiro a los afectados.
La crisis agropecuaria generada por estos eventos climáticos ha afectado gravemente la producción local, especialmente en sectores vitivinícolas y frutihortícolas.
Mientras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía fue instruida para establecer convenios y gestiones administrativas que garanticen la aplicación efectiva de la ley y la resolución vigente.
También, se espera que organismos como el INTA y el Banco Nación acompañen el proceso con asistencia técnica y financiera para la reactivación productiva.
