Las disposiciones de las provincias, e incluso de los municipios, que condicionan el libre tránsito en la Argentina durante esta época de pandemia y cuarentena por el coronavirus, pasaron de claro a oscuro.

En este marco, los argentinos tuvimos que lamentar los -más que lamentables- casos de Solange Musse que murió esperando a su papá, Pablo Musse, en Córdoba; y de Victoria y Antonella Garay que presentaron nada menos que 11 solicitudes a San Luis para ingresar a ver a padre, agonizante de un cáncer terminal, y no lo consiguieron.

En el primer caso, que tuvo amplia relevancia nacional cuando se conoció que Musse y su hermana –discapacitada motriz- la gente común se encargó de viralizar que habían viajado desde Neuquén para verla en Alta Gracia (Córdoba) y dos tests “positivos sospechosos” hicieron que en el puesto de control de Huinca Renancó los hicieran regresar 1000 kilómetros, escoltado por patrulleros de cuatro provincias.

Martín Barbará, especialista en Derecho Político y abogado de la familia Musse, dijo a La Nación que “en contextos de emergencia -como el actual- hay derechos que pueden ser restringidos, pero no pueden ser aniquilados. Que haya terraplenes que no permitan circular ameritaría la intervención del Gobierno federal. No es sostenible este esquema porque es asumir que existen Estados independientes. La Constitución garantizó la centralización del poder estatal y todo el territorio está alcanzado por él. Se está quebrando ese principio“.

Y en el segundo caso de las hermanas Garay, -también por la ciudadanía común- se conoció que les rechazaron diez peticiones de paso a San Luis, aunque la última se las aceptaron -con la exigencia de una cuarentena “excepcional” de siete días en una residencia del Estado- y que finalmente no sirvió, porque su papá Martín Garay murió mientras ellas recorrían los 3200 kilómetros desde Tierra del Fuego.

Inexplicable. Una vergüenza nacional. Otra más, a fuer de ser sinceros.

Y es que, aunque digan que no; en la Argentina existen aduanas y fronteras entre provincias. Pero, como siempre, nadie le pone el cascabel al gato.

Algunos distritos, como Chaco y Tucumán, directamente tienen fronteras cerradas y solo pueden ingresar repatriados. Hay municipios que impiden que los transportistas de carga se bajen en el pueblo. La heterogeneidad de exigencias es amplia y, además, dinámica. “Llame antes de viajar“, aconsejan en los comités de emergencia. En la excepcionalidad no hay regla, ni uniformidad.

El presidente Fernández firmó el 12 de marzo el Decreto de Necesidad y Urgencia que amplió la Emergencia Sanitaria y dispuso la adopción de “nuevas medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus“. Algunos de los puntos se fueron prorrogando, como la suspensión de vuelos internacionales, o las habilitaciones de actividades. Desde mediados de abril el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue coordinando con los gobernadores excepciones y autorizaciones.

Sin embargo, también se les dio a los gobernadores la potestad de tomar medidas excepcionales que, en algunas provincias, nos llevaron a la época pre-constitucional.

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Santiago Cafiero, jefe de ministros, por estas horas algo desaparecido de la escena nacional, había aclarado que “Entendemos que las medidas de seguridad las establece cada jurisdicción, pero no es nuestro tema. El permiso de regreso a casa lo pide y autoriza cada provincia

Es que, como suele ocurrir en nuestro país, en el vacío legal que se produjo; las decisiones de gobernadores e intendentes incluyen exigencias de hisopados negativos realizados 48 horas antes, cuarentenas (algunos las piden en hoteles, otros en domicilios), completar formularios, y un largo etcétera. Además, queda en manos de las autoridades aceptar o no el motivo del pedido.

Lo cierto es que, aún con la vergüenza ajena que nos produjo a los argentinos los casos de las familias Musse y Garay; ningún funcionario salió a tomar responsabilidades directas que, en cualquier país normal, hubiera significado la inmediata renuncia de todos los involucrados y, quizás, hasta alguna acción judicial.

Pero no, acá hacemos las cosas de otra manera.

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Incluso permitimos que, a contramano de la mismísima Constitución Nacional, cualquiera cercene nuestro derecho de transitar libremente

De hecho, desde fines de marzo los productores rurales y comerciantes de pueblos ubicados en zonas límites entre San Luis y Córdoba tienen problemas para ingresar de un lado al otro (donde sólo los separa una calle) y cuando lo pueden hacer, deben cumplir exigencias cada vez más duras.

La cuestión llegó hasta la Corte Suprema, pero, ya conocemos los tiempos de esta bendita justicia nuestra.

Por el momento, seguimos “distanciados” y en muchos casos “aislados” involuntariamente.

 

 

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