El, hasta hoy prófugo, tenía un pedido de captura nacional e internacional en su contra. Se había auto definido como un “perseguido político del gobierno de Macri

Sebastián Rodrigo Romero, militante del PSTU, se convirtió buscado por la justicia desde que disparó con un mortero atado a un palo contra la Policía porteña frente el Congreso de la Nación, en medio de las protestas contra la reforma provisional impulsada por la administración de Mauricio Macri.

Romero fue fotografiado por el reportero gráfico de Infobae, Nicolás Stulberg, durante los disturbios contra la reforma provisional impulsada por la administración de Mauricio Macri en la que se arrancaron trozos de infraestructura publica por un total de 14 toneladas para ser arrojadas contra la policía.

Romero pasó más de dos años prófugo, con una recompensa sobre su cabeza de un millón de pesos ofrecida en 2018 por el Ministerio de Seguridad de la Nación y una circular roja de Interpol sobre su cabeza.

Fue capturado en un campo en la zona de la ciudad de Chuy en Uruguay, en el partido de Rocha, tras una investigación del área de Interpol de la Policía uruguaya en colaboración con sus pares argentinos de la Policía Federal, luego de meses de rastrearlo en el área, tras una búsqueda inicial en Brasil. Romero, según fuentes, se entregó sin pelear. Se cree que habría recibido apoyo de estructuras locales.

Romero, oriundo de Rosario, hoy de 35 años, ex delegado de General Motors en Santa Fe, que fue precandidato a diputado nacional por el PSTU, ciertamente fue un enigma durante estos dos años. El Ministerio de Seguridad difundió imágenes generadas por computadora que mostraban cómo se vería, hipotéticamente, sin sus trenzas rasta. Los pedidos de eximición de prisión planteados por su defensa fueron rechazados en dos ocasiones, con una negativa de la Sala I de Casación presidida por el juez Gustavo Hornos en marzo de 2018.

El expediente, radicado en el Juzgado Federal N°12, fue investigado por la fiscal Alejandra Mangano bajo la calificación de intimidación pública -una imputación que en los últimos meses se empleó para judicializar a quienes crean y difunden noticias falsas en tiempos de pandemia- y resistencia a la autoridad. No hay registros de que Romero haya cruzado la frontera de forma legal, de acuerdo a datos de Migraciones.

En noviembre de 2019, casi dos años después de su fuga, Romero envió un mensaje desde la clandestinidad. Se definió como un “perseguido político del gobierno de Macri” y llamó a un gran paro general para “tirar abajo” al gobierno de Sebastián Piñera en Chile.

Fuente: Infobae

 

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