Este jueves se percibió una oposición transversal a algunos de los puntos que propone el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Mineros que presentó el Estado provincial en la Legislatura de Mendoza.
Tanto representantes del sector industriales, cámaras y colegios profesionales, además de organizaciones antimineras; coincidieron en que el proyecto que empuja la administración de Alfredo Cornejo tiene puntos que no son los adecuados para el desarrollo minero de Mendoza.
En este sentido, el oficialismo adelantó que trabajarán en modificar los puntos que más resistencia recibieron.
Dentro de las exposiciones hubo coincidencia en el cuestionamientos al artículo 4° del proyecto, el cual deroga la ley 3.790, referida a la creación de la Dirección de Minería y que; de paso, significa la eliminación del Consejo de Minería. Recalcaron que no fue la acción del Consejo ni la Dirección de Minería, la que frenó las inversiones mineras en Mendoza, sino que recordaron lo que ha generado la Ley 7.722 durante más de 15 años.
El titular de la Unión Industrial de Mendoza, Matías Díaz Telli, destacó lo valioso de debatir sobre minería y pidió que la discusión sobre el desarrollo de la actividad se mantenga. Sin embargo, dijo que la ley tiene muchos defectos y no tiene sentido aprobarla como se presenta.
Al mismo tiempo, puntualizó que «no ven con buenos ojos» el protagonismo de las sociedades anónimas del Estado, refiriéndose a Impulsa Mendoza.
En segundo lugar estuvo la exposición del presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM), Raúl Rodríguez, quien se centró en aspectos técnicos y jurídicos.
Recalcó que hay incongruencias notorias, desde el momento en que el artículo 4° se elimina la Dirección de Minería, pero se la sigue mencionando en el resto del proyecto. Además, apuntó al artículo 38°, el cual se centra en que en las áreas que queden libres por distintas razones, tendrá prioridad Impulsa Mendoza, cuestión que -según explicó Rodríguez- va en contra de lo que indica el Código de Minería de la Nación y -por lo tanto- caería en una situación de inconstitucionalidad.
Tras estos cuestionamientos, surgidos desde diferentes sectores, tanto a favor como en contra de la minería, el Ejecutivo provincial analiza cambios en el artículado de la normativa:
En primera instancia se haría un cambio en el artículo 4° para mantener de alguna forma la figura del Consejo Minero, aunque no serían las que tiene en la actualidad. Este punto fue el más cuestionado durante las exposiciones de este jueves en el plenario de comisiones en el anexo de la Legislatura.
Lo que también surgió, pero que no sería modificado, es el artículo 38° referido a la prioridad que tendrá Impulsa Mendoza en caso de que haya áreas mineras libres.
En este sentido, dicen desde el oficialismo que se tomaron modelos de otras provincias para definir el modelo que están aplicando, e insistieron con el argumento que indica que buscan evitar negocios inmobiliarios.