La Cámara Alta aprobó la ley de movilidad jubilatoria por 61 votos a favor y ocho en contra, estableciendo cambios al modelo que propuso el Ejecutivo por DNU.
Esto implica que el haber jubilatorio subiría un 8%, llevando el mínimo a unos 300 mil pesos, aproximadamente.
En una votación en la que el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical lograron un acuerdo para avanzar con el proyecto que llegó de Diputados con media sanción —ahí también votaron en conjunto— se impusieron con el acompañamiento de senadores del PRO, como Guadalupe Tagliaferri, y miembros de los bloques provinciales, lo que significó que se aprobó con los dos tercios.
Rodolfo Suarez y Mariana Juri (Unión Cívica Radical) y Anabel Fernández Sagasti (PJ) votaron a favor en general el proyecto que aumenta las jubilaciones el 8,1% y lleva su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC).
El proyecto que se aprobó y que ahora pasará al Ejecutivo nacional —que amenaza con vetarlo— establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insistió en que esto fuera a partir de julio y la oposición lo quiere retroactivo desde febrero. Esto último es lo que se impuso.
Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.
En resumen, la ley aprobada en el Senado dispone que la ANSES «garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09».
También instruye a ese organismo a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales «no fueron transferidos al Estado nacional, como también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley».
Su aplicación significará un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Javier Milei ratificó que vetará la ley
Ante este panorama, Javier Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto, al calificar como «degenerados fiscales» a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto.
