La acusación, presentada ante la Justicia Federal, sostiene que Oscar Laborde habría actuado en contra de los intereses nacionales al intervenir de manera no autorizada en el caso del gendarme Nahuel Agustín Gallo, secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
“La actuación de Laborde, lejos de contribuir a resolver la situación, validó sin fundamento alguno las acusaciones del régimen venezolano y menoscabó los intereses nacionales. Estas acciones no solo representan una deslealtad al Estado argentino, sino que, al intentar justificar actos de desaparición forzada, se enmarcan en conductas que contravienen los principios de justicia y derechos humanos que nuestro gobierno defiende”, indicó el Ministerio de Seguridad.
El ex embajador del kirchnerismo Oscar Alberto Laborde inició gestiones no autorizadas ante la dictadura venezolana, según la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad. Laborde, quien fue designado embajador durante la presidencia de Alberto Fernández, habría contactado a la familia de Gallo en Argentina para entregar una carta al gendarme detenido, en colaboración con los jerarcas del régimen chavista. Según el Ministerio, estas acciones no solo carecieron de autorización oficial, sino que también habrían buscado justificar la detención de Gallo al presentarla como resultado de un ingreso irregular al país.
La denuncia sostiene que Laborde actuó en contra de los intereses de Argentina al avalar las acusaciones de espionaje formuladas por el régimen venezolano y al cuestionar la legalidad del ingreso de Gallo a Venezuela. Además, se le acusa de intentar legitimar las condiciones de detención del gendarme, lo que, según el Ministerio, constituye una traición a la patria al comprometer la posición del país en la defensa de un ciudadano argentino.
El documento judicial señala que la conducta de Laborde habría beneficiado al régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que perjudicó los esfuerzos diplomáticos argentinos para garantizar la liberación de Gallo. En este sentido, se argumenta que Laborde habría actuado con deslealtad hacia el Estado argentino, violando su deber de defender los intereses nacionales, especialmente considerando su anterior rol como embajador.
La denuncia se basa en el artículo 214 del Código Penal, que tipifica el delito de traición a la patria. Según el Ministerio, este delito no requiere un estado de guerra declarado, ya que protege los intereses generales de la Nación como entidad soberana. La acusación también cita antecedentes jurisprudenciales que respaldan la aplicación de este tipo penal en casos de conductas que comprometen la independencia y autonomía del Estado.
El Ministerio argumenta que la intervención de Laborde no puede considerarse una acción humanitaria, como él ha intentado presentarla en los medios de comunicación. Por el contrario, se sostiene que su conducta buscó justificar las acciones del régimen venezolano y desacreditar al gobierno argentino, lo que, según la denuncia, constituye una grave violación de los principios de lealtad y fidelidad hacia la Nación.
