La sentencia fue leída en la tarde de este jueves en el debate oral que se seguía por el delito de atentado contra la autoridad, en el Primer Juzgado Penal Colegiado a cargo de la jueza María José Cerdera. Durante el juicio, la acusación fue sostenida por Darío Tagua, fiscal en jefe de Correccional y Tránsito.
El ex senador de Protectora todavía puede apelar, si lo desea, ya que se trata de un fallo de primera instancia.
La sentencia es por un hecho ocurrido en 2019, cuando todavía era senador provincial e increpó a efectivos policiales, en un control de tránsito.
La condena de 10 meses de prisión en suspenso obedece a que el delito es de índole correccional. Esto es, no pueden darse más de tres años de pena: “delitos de acción pública dolosos que estuvieren reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres (3) años o con multa o inhabilitación“.
Según los hechos, se presentó en un control donde su hija había sido demorada por una falta de tránsito y, en consecuencia, había sido multada. En esa instancia, habría apelado a su condición de legislador para evitar la sanción vial.
La instrucción en ese momento quedó a cargo de la fiscal Gabriela García Cobos, que solicitó al Senado el desafuero de Romano para avanzar en el expediente.
El pedido fue atendido por la Cámara Alta, que aprobó dejarlo sin fueros por 22 votos afirmativos y 16 negativos.
Más allá del resultado, el debate por el desafuero enfrentó a oficialismo y oposición. Fue precisamente el radicalismo quien llevó adelante el proceso formal en la cámara. Por su parte, Romano sostuvo en su propia defensa que se trataba de “una persecución política” en su contra.
Argumentó que se debía a “su postura crítica frente a la obra y la licitación para construir Portezuelo del Viento“.
“Siento lo mismo que cuando derogaron la 7722. La Legislatura está a punto de presenciar un atropello institucional y a la división de poderes“, destacó desde su banca, antes de que sus pares le dieran, en su mayoría, el voto a favor para quitarle la inmunidad legislativa.
