Además de ser despedida, ahora enfrenta la demanda penal correspondiente.
Se trata de Valentina Cáceres, una joven de 20 años que ingresó como administrativa del programa Enlazados a comienzos de 2023.
Esta administrativa del Gobierno de Mendoza fue despedida la semana pasada y enfrenta una denuncia penal por su participación en un fraude millonario, que fue posible al tener intervención directa en la base de datos de «Enlazados»; un programa creado para impulsar oportunidades de empleo.
Con la ayuda de 31 cómplices ajenos al Estado, armó un plan para quedarse con millones de pesos del programa laboral que depende del Ministerio de Producción, y así logró durante 4 meses, desviar unos $26 millones en ese lapso, sin ser detectada por ningún funcionario responsable.
Entre los 31 cómplices que facilitaron el desvío del dinero está el novio de Cáceres, Germán Valdeolmillos, de tan sólo 19 años, quien también se desempeñó en Enlazados, aunque habría renunciado antes de que se detectara la maniobra.
El programa Enlazados colabora con las empresas que cumplen con ciertos requisitos pagando parte del sueldo de empleados nuevos durante 4 meses. Esa ayuda, que equivale al salario mínimo vital y móvil, va directamente al CBU del trabajador. Por lo tanto, el fraude requería la complicidad de personas reales que recibirían el dinero.
Según detallaron desde el Ministerio de Producción, la alarma se encendió porque en el cierre del mes de abril llamó la atención una empresa que había sumado 31 nuevos empleados, algo atípico en medio de la crisis económica actual. Al indagar un poco más, descubrieron que era una compañía fantasma: no existía. Automáticamente, verificaron en el sistema qué un empleado de Enlazados había cargado los datos al sistema y allí «saltó» el nombre de la responsable.
Sobre esto último, una fuente extraoficial esbozó otra teoría que explica que la punta del ovillo habrían sido un par de transferencias bancarias entre Cáceres y Valdeolmillos, por varios millones de pesos; que fueron «observadas» por los bancos y la AFIP, por lo que se habría indagado en los empleadores.
