El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial los decretos que confirman el desplazamiento de los tres magistrados que investigaban a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios en casos de corrupción.

Déjanse sin efecto”, dicen los decretos firmados por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para los traslados de los jueces. Los magistrados tienen causas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las que reclaman continuar en sus cargos.

Con esa decisión, los jueces deben volver a sus cargos anteriores. Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py, Bertuzzi al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.

Técnicamente, el Poder Ejecutivo dispuso dejar sin efecto los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli a los tribunales de Comodoro Py, en consonancia con lo aprobado ayer en el Senado de la Nación.

La medida implica que ya no son magistrados de esos juzgados y deben volver a sus cargos anteriores.

Los decretos aclaran que las decisiones que los jueces tomaron en sus cargos no se pueden revisar. “La validez de los actos cumplidos de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dicen los textos. Bruglia y Bertuzi, desde la Cámara Federal, confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Los tres decretos -750, 751 y 752- tienen el mismo texto para los jueces. Señala que sus nombramientos a sus actuales cargos -Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal y Castelli al Tribunal Oral Federal 7- se hicieron sin el acuerdo del Senado de la Nación y que ayer la cámara alta los rechazo.

«Que la facultad de prestar acuerdo para la designación de los magistrados inferiores de la Nación le está reservada por la Constitución Nacional al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, destacándose su intervención en el proceso complejo (inter órganos). En tal inteligencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la Acordada N° 4/18 señaló como ya lo había subrayado en los preceptos Rosza y Uriarte, “… que al exigir el dictado de un acto complejo en el cual debe concurrir la voluntad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la Constitución procura un imprescindible equilibrio político en la medida en que el acuerdo del Senado constituye `un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial´ y también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor logradas…”, dicen los decretos.

Así, el gobierno nacional dejó sin efecto los traslados.

Pero los jueces hicieron causas judiciales para continuar en sus puestos. Alegan que sus traslados se hicieron cumpliendo con la normativa vigente, que una acordada de la Corte Suprema avaló que no debían ir al Senado y que tienen derechos adquiridos que solo pueden ser revisados por un fallo judicial.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli hicieron per saltum ante el máximo tribunal que todavía no tomó una decisión. Y los jueces volverán a hacer presentaciones. Castelli la realizó apenas unas horas después de la decisión del Senado. “Dicha circunstancia no hace más que comprobar, a mi juicio y una vez más, el peligro en la demora ya invocado, que justifica largamente la urgencia de la intervención de ese Alto Tribunal”, sostuvo y le pidió a la Corte Suprema que intervenga.