Aunque hay algunas excepciones.
Desde finales de laño pasado, se retomó la discusión acerca de un «privilegio» con el que contaban las personas privadas de su libertad en la provincia, el uso de teléfonos celulares.
Finalmente, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, rechazó los pedidos para mantener el beneficio que mantenían los reclusos en las cárceles. Ya que durante la pandemia por COVID podían utilizar los dispositivos para comunicarse libremente.
Pero ahora, el magistrado resolvió que en un plazo de aproximadamente seis meses se debe retirar todos los equipos telefónicos, aunque indicó algunas excepciones. Entre estas se encuentran las mujeres privadas de la libertad, por lo que las internas podrán seguir utilizando los móviles.
Por otro lado, también el juez indicó que, en este retiro gradual de los celulares, se notificará a los presos con un plazo de 30 días para que los familiares tengan la oportunidad de retirar las unidades de las penitenciarias.
A cambio, Sarmiento especificó que se deben garantizar las visitas familiares con una frecuencia de una semana como mínimo.
Solo se retirarán esos celulares donde esté instalado un sistema de telefonía pública, que el sistema debe garantizar. De igual manera, resolvió que se instalen equipos de videollamadas para las emergencias familiares o el contacto de los detenidos con sus abogados.