En Mendoza el recorte exigido por Milei es superior al presupuesto provincial vigente.

Para el gobierno mendocino es “excesivo” el pedido de Javier Milei, de que las provincias realicen un “ajuste adicional” de 60.000 millones de dólares para lograr el déficit cero el próximo año.

“Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes”, advirtió el Presidente este domingo, en la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso.

Sin embargo, para el ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, “está descartado” que las provincias puedan alcanzar ese monto.

Fayad consideró que el mensaje de Milei está destinado a otras provincias con problemas fiscales. Y remarcó que desde 2015, en Mendoza se han implementado políticas de reducción de gastos y baja de impuestos.

“Conceptualmente no me llamó nada la atención sobre el discurso, pero sí algunas magnitudes sobre el pedido de ajuste a las provincias. Los 60.000 millones de dólares son excesivos y merece más análisis y adecuación a la realidad de cada provincia”, analizó Fayad. “Queda descartada esa cifra, pero es correcto el mensaje de que las provincias tienen que hacer su parte en este esfuerzo fiscal”, agregó.

Las cuentas que sacan en Casa de Gobierno son directas: un ajuste del 4%, que es lo que aporta Mendoza a la economía nacional, representaría una partida cercana a los 2.400 millones de dólares, frente a una pauta de gastos local que se aproxima a los 2.200 millones

Fayad aseguró que la gestión provincial está alineada “al mensaje del presidente”, al tiempo que resaltó que el objetivo de superávit primario “es razonable y necesario” en este contexto.

“Desde que comenzamos con el proceso de consolidación fiscal en 2016, no nos hemos movido ni una coma. Bajar el gasto para bajar impuestos ha sido una regla para nosotros desde el principio”, expresó el funcionario.

Por último, el ministro adelantó que, junto a su equipo, ya se encuentran definiendo el Presupuesto provincial 2025 acorde a las variables macroeconómicas que establece el Ejecutivo nacional. En principio, el proyecto se presentará en la Legislatura el 30 de septiembre. En caso de no lograr terminar a tiempo, pedirán una prórroga.