El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, de la UBA y el Conicet. En tanto, se consultó al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) sobre qué podía explicar esta diferencia, pero no se obtuvo respuesta.
En una provincia productora de energía eléctrica, en promedio, las facturas mendocinas son entre un 47% y un 93% más caras que la media nacional por el servicio de electricidad. Y son los usuarios de ingresos bajos los que tienen mayor brecha con lo que sucede en otras provincias.
El mes que viene, además, se aplicará un nuevo aumento, del 12%, que corresponde al componente de la facturación ligado al costo de operación de las distribuidoras, que es de determinación provincial.
El Reporte de Tarifas y Subsidios, de julio, que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (de la UBA y el Conicet) en base a los cuadros tarifarios de las distribuidoras, estableció que los usuarios N1 (de ingresos altos) que consumen 300 Kwh/mes pagaron en julio, en promedio en Argentina, una factura de $55.229 sin impuestos. En Mendoza, ese monto se eleva a $75.120 (47%).
Los N3, es decir los hogares de ingresos medios, abonan, en promedio en Argentina, $34.158 por su consumo mensual de electricidad de 300Kwh, mientras que, en la provincia, deben pagar $57.625; un 69% más.
Sin embargo, la diferencia más marcada se da en el caso de los usuarios de bajos ingresos. En todo el país los N2 pagan una factura de $27.259 y los mendocinos llegan a $52.654, lo que implica un 93% por encima. Pero, además, si en promedio, en Argentina, los N1 pagan un 88% más que los N2, en Mendoza los hogares de ingresos altos apenas abonan un 43% más que los de menor capacidad de pago.
El informe del organismo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política explica que es importante tener en cuenta que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), compañías privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales -como en el caso de Edenor y Edesur-, provinciales y municipales (lo que sucede con las cooperativas).
También destaca que, si bien el precio estacional es el mismo en todas las jurisdicciones, la dispersión de tarifas es multicausal. “La regulación de los valores agregados de distribución (VAD) en cada jurisdicción responde a un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía”.
Los primeros días de julio se realizó una audiencia pública para analizar la adecuación del VAD a partir del mes que viene. Esto, en el marco del procedimiento de ajuste trimestral que se estableció en 2023 para agosto, noviembre, febrero y mayo de cada año. El aumento que el EPRE consideró razonable, en función del incremento de los costos de las distribuidoras y la evolución de ciertos índices, fue del 12% en promedio para los usuarios finales. Como siempre, el Ejecutivo provincial es el que debe avalar este porcentaje para que se puedan aplicar los nuevos cuadros tarifarios.
Estos ajustes trimestrales tienen como objetivo mantener actualizado el costo de operación de las distribuidoras y evitar volver a las pujas entre el Gobierno, que reclamaba que no estaban realizando las inversiones comprometidas, y las empresas, que sostenían que no podían realizarlas por el atraso tarifario (e, incluso, tenían una deuda con Cammesa, que ahora están pagando en cuotas).
