Apenas una semana después de haber asumido como la máxima autoridad de la DGI, Andrés Vázquez firmó el ascenso de su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo de alta relevancia dentro del organismo, salteando rangos intermedios y con un aumento salarial considerable.
La disposición, firmada únicamente por Vázquez, permitió que Fanelli pasara de ocupar una jefatura de sección técnico-jurídica, con un sueldo neto aproximado de entre 3,8 y 4,2 millones de pesos, a liderar la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires. Este puesto, uno de los más importantes en el área metropolitana, implica la fiscalización de medianas y grandes empresas y conlleva un salario que oscila entre los 7 y 8 millones de pesos.
El nombramiento, registrado en la Disposición 182/2024, también implicó el traslado de Luciano Botto Rostom, quien ocupaba previamente el cargo, a la Dirección Regional de Mercedes.
El Código de Ética del organismo prohíbe explícitamente la intervención en cuestiones donde exista un interés personal o vínculo conyugal. Sin embargo, fuentes internas describieron la promoción como “inusual” y “anormal”, al considerar que podría colisionar con dichas normativas éticas.
El vínculo entre Vázquez y Fanelli se remonta a años atrás, cuando coincidieron en la Dirección Regional Sur Metropolitana. A pesar de las controversias que rodearon su carrera, incluido un sobreseimiento judicial en una causa por cuentas no declaradas en el extranjero, Vázquez recuperó relevancia política tras la llegada de Javier Milei al poder.
El funcionario elegido por Milei para liderar la AFIP, también fue noticia el 19 de diciembre pasado, cuando fue denunciado por diputados de la Coalición Cívica por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su Declaración Jurada Patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la presentación firmada por los legisladores Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade, el actual titular de la DGI habría comprado tres departamentos en Estados Unidos, entre 2013 y 2015, valuados en más de USD 2 millones a través de una sociedad off shore en la que participa desde hace doce años. Sin embargo, no los declaró en su patrimonio, acorde a la Ley de Ética Pública.
