Con el propósito de obtener dictamen, comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron este martes para tratar una de las iniciativas más ambiciosas del oficialismo en materia de seguridad y legislación penal: sancionar una reforma de la baja de imputabilidad.
Hoy disertaron especialistas y los autores de los distintos proyectos de ley que buscan modificar el actual Régimen Penal Juvenil, establecido por decreto en 1980.
La principal diferencia entre todos los bloques, que coinciden en explicitar garantías en las condiciones de vida en los centros cerrados para adolescentes atravesados por una situación penal, tiene que ver con la baja de la edad de punibilidad: la propuesta libertaria propone los 13 años, distintas iniciativas (PRO, UCR e incluso UP) coinciden en establecerlo en 14 y un sector mayoritario de Unión por la Patria intentará sostenerlo en los 16 años.
La estrategia parlamentaria del oficialismo -junto a espacios aliados- prevé la convocatoria de sucesivos especialistas de distintos bloques, para que el debate le dé legitimidad a un dictamen que dan por descontado.
Desde el peronismo apuntan a la inviabilidad económica de la baja de la punibilidad y buscan torcer estos consensos a través de la aprobación de un programa preventivo del delito que acompañe con un equipo técnico a adolescentes infractores, con el fin de evitar la reincidencia.
El debate en comisiones continuará la próxima semana.
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