El operativo fue puesto en marcha tras la denuncia de un gendarme que escuchó casualmente una conversación.
El Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en una casa del barrio Benito Legerén, que permitió encontrar a la menor y detener la transacción ilegal.
La criatura iba a ser entregada en Misiones.
«Las primeras medidas son de protección de la niñez«, explicó Silvina Calveyra, titular del Consejo contra la Trata de Entre Ríos. «Se pone a resguardo mientras se esclarece la denuncia. Hay que actuar rápido, la inmediatez es fundamental y por eso se está investigando«, indicó la funcionaria.
También advirtió que la compra o venta de un niño no se encuadra dentro de los delitos de «trata de personas», sino que se considera «sustracción de menores».
Igualmente, instó a la población a denunciar cualquier sospecha vinculada a este tipo de hechos.
La niña, de 4 años, fue puesta bajo custodia de una familiar, mientras se ordenó el peritaje de los teléfonos celulares de la madre de la niña y de su actual pareja, con el fin de corroborar la existencia de la operación de compra-venta denunciada.
El caso se inició a partir del testimonio brindado de forma espontánea por un agente de la Gendarmería Nacional de la Sección Investigaciones Antidrogas de aquella ciudad, quien explicó ante la fiscal federal Josefina Minatta, que durante la indagación de un hecho de violencia originado en un asentamiento del barrio Benito Legerén escuchó que un grupo de vecinos comentaba el plan de un habitante del lugar para vender a la niña de unos cuatro años de edad. El agente narró que en indagaciones con una persona del lugar pudo saber que autoridades provinciales o municipales habían intervenido oportunamente para resguardar a la niña en el caso. Tomó el nombre de la fuente que le comunicó esa información y lo brindó en la fiscalía.
La fiscal convocó entonces en la misma jornada a la persona mencionada por el gendarme y, a partir de ese testimonio, reunió nuevos elementos.
Con todo ello, Minatta promovió la acción penal por el delito de supresión de identidad y solicitó el allanamiento de la vivienda de la madre de la niña, el secuestro de los dispositivos electrónicos de esa mujer y del padrastro y de los vehículos en los que este se movilizaría, y la intervención formal en el caso del COPNAF.
Como resultado de ese requerimiento, la niña fue puesta a resguardo, como medida cautelar, a cargo de una familiar, y las medidas de prueba fueron concretadas. Se aguardan los peritajes de los dispositivos secuestrados, en el marco de una investigación que es incipiente.
Según las autoridades locales, la familia vivía en una zona precaria y por este motivo creen que lamentablemente la mujer iba a venderla.
Se confirmó además que la mamá fue imputada por el delito de sustracción de menores, pero no quedó detenida, ya que todavía no se logró establecer el posible intercambio.
