Los detenidos e imputados por la desaparición de Guardati son Néstor Ramón Falcón, Adolfo José Siniscalchi y Ramón Ignacio Ahumada.
Hilda Lavizzari, la madre de Cristian Guardati, no ha dejado de buscarlo ni de golpear puertas para saber qué sucedió con su hijo la madrugada del 24 de mayo de 1992 en cercanías de la escuela Atilio Anastasi, en Godoy Cruz, a la salida de un baile.
Hoy, por orden de la Justicia Federal de Mendoza, 3 ex policías fueron detenidos por la desaparición forzosa de Guardati, ocurrida en 1992 en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz.
Según fuentes vinculadas a la investigación, el procedimiento está a cargo del Juzgado Federal 3, a cargo del juez Marcelo Garnica, y de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, a cargo de Dante Vega. También intervienen el titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, Daniel Rodríguez Infante.
Según la Fiscalía, Falcón estuvo a cargo de una investigación ordenada desde la comisaría Séptima, donde la madre de Cristian Guardati radicó la denuncia en 1992, mientras que Siniscalchi y Ahumada estaban al mando de esa dependencia.
El destacamento del barrio La Estanzuela fue epicentro de la investigación judicial porque cuatro policías de esa dependencia fueron señalados como que tuvieron preso a Guardati. Se trata de Walter Godoy, José Aracena, Oscar Luffi y Walter Páez, quienes ya habían sido sobreseídos por la Justicia provincial en la década del ´90. Días atrás, la Fiscalía pidió la nulidad de aquella decisión y que sean detenidos e imputados pero el juez Garnica rechazó esa petición, que será apelada, adelantaron fuentes judiciales.
Cristian Guardati desapareció en Mendoza a manos de policías durante la gobernación del peronista Rodolfo Gabrielli.
Intervino la Justicia de Mendoza pero los aportes más relevantes los hizo una comisión ad hoc integrada por abogados, que concluyeron, al cierre de una pesquisa avalada por la Suprema Corte de Justicia, que Cristian Guardati fue visto por última vez cuando fue detenido por policías.
Esas conclusiones, plasmadas en un informe específico, fueron analizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo tomó como piedra fundamental de la posterior condena internacional al Estado argentino.
El caso Guardati, que estuvo durante casi 30 años en manos de la Justicia provincial, pasó a la Justicia Federal en 2021 por ser considerado imprescriptible, ya que la desaparición está vigente.
Caso idéntico al de los albañiles Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, desaparecidos, también a manos de fuerzas policiales, en el Parque San Martín. El paradero de ambos también es un misterio y el Estado también fue condenado a nivel internacional.
