Evidentemente, bastante más de la suma que muchos mendocinos pueden destinar para su dieta diaria.
Ayer, martes 7 de enero, el Gobierno lanzó la licitación de viandas para las casi 6.000 personas privadas de la libertad en las cárceles y otros centros de detención de Mendoza. El presupuesto oficial será de $56.400 millones (alrededor de U$S 56 millones).
De esta manera, se estima que el valor de cada vianda diaria ascendería a $14.000 lo que, cada mes, significa 420 mil pesos sólo en comida por cada preso en Mendoza. Las viandas solicitadas deberán incluir el desayuno (7% del total de la ración), almuerzo (43%), merienda (7%) y cena (43%). También se estableció que deberán tener una composición calórica de entre 2.800 y 3.000 kcal por día.
Así, en total serán 4 millones de viandas que alcanzarían para dos años, con el aditamento de que se pide también un menú especial para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con dos opciones:
La primera deberá incluir pollo asado con ensalada caprese, dos sánguches de miga, un budín de pan y un turrón o pasta de maní. Mientras que la opción 2 deberá ser bondiola de cerdo con salsa agridulce con batatas doradas o puré de batatas, dos sánguches de miga, ensalada de frutas y budín navideño.
El gobierno provincial dice que pretende cubrir las necesidades alimentarias de los presos, pero también de los guardias y cadetes del Servicio Penitenciario Provincial.
De acuerdo con el pliego de condiciones, la empresa adjudicataria será responsable no solo de la preparación y cocción de los alimentos, sino también de su distribución en condiciones óptimas. Las raciones deberán ser entregadas en contenedores térmicos y envasadas en bolsas plásticas para garantizar la higiene y conservación durante el traslado.
Los precios podrán ser revisados periódicamente, considerando variables como los costos de la materia prima, las escalas salariales del personal y los índices de precios al consumidor. Sin embargo, el pliego subraya que los márgenes de utilidad de la empresa deberán mantenerse estables, aplicando la denominada «teoría del sacrificio compartido» para equilibrar las cargas entre el Estado y el proveedor.
El contrato firmado con la empresa que resulte ganadora de la licitación tendrá una duración de dos años o hasta agotar la cantidad de raciones, pudiéndose prorrogar por un año.
