La fiscal Cecilia Incardona acusó hoy al piloto de la avioneta venezolana demorada en Ezeiza de sospecha del delito de terrorismo, en medio de la investigación que pretende determinar las circunstancias en que llegaron al país.

Se trata del piloto del avión venezolano Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, quien llegó al país a principios de junio.

«Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo», dijo la fiscal.

Agregó también que «Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo del avión venezolano a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización».

En una semana, el juez Villena ordenó 60 medidas de  pruebas y en el expediente ya figuran ocho cuerpos. Muchos de ellos aún no han ido a juicio. El magistrado espera impaciente un informe final sobre los teléfonos y tabletas incautados a la tripulación. Hasta el momento, los informes preliminares no han proporcionado evidencia convincente para el caso. El análisis de las dos «cajas negras» del avión también está en curso.

De esta forma, se excluye que el juez mantenga los pasaportes de todos los tripulantes y la prohibición de salida del país.

Finalmente, la fiscal pidió indagar sobre la carga transportada por el avión venezolano, “a fin de verificar si la operación comercial declarada coincide con el contenido real de las mercancías transportadas por el avión”.

Sobre el resto de la tripulación, 4 iraníes y 14 venezolanos, Incardona destacó que “existen inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación, lo cual será también profundizado en la investigación”.

Según la documentación con que cuenta la aduana, la carga pesaba 47.882 kilos, dividida en 312 bultos, mientras que el avión tendría una capacidad total de 80 toneladas.

El importador de este envío fue SAS Automotive. Esta empresa vende asientos y tablero para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS implicó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. “La relación entre el transitario (Fracht) y la línea aérea para que lleguen a la Argentina las referidas piezas es algo que SAS Automotriz Argentina SA no tiene conocimiento ni relación con ella”, dijo en un comunicado.

Volkswagen también se distanció del avión desde el principio. Y la empresa de logística decidió culpar a Aerocharter México. “Con la única intención de transportar carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, la cual asumió toda la responsabilidad de este vuelo”, dijo en un comunicado. Sin embargo, Fracht hasta el momento no ha comparecido ante el tribunal por Federico Villena.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí