La lupa está puesta en que si el anterior gobierno  ocultó un informe de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña para hallar al submarino. La causa judicial revela que la marina de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano una terminal sistema CENTRIX de cifrado de comunicaciones. Se intenta acreditar la razón por la cual la Argentina no autorizó la ayuda de Reino Unido para buscar los restos del submarino cuya posición ya habría estado establecida a 20 días de su desaparición

Y todo esto ocurre tres años después del hundimiento del ARA San Juan, y ahora la Justicia investiga si el gobierno en su anterior gestión, a través del Ministerio de Defensa, comandado por aquel entonces  por Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur, ocultaron o demoraron datos claves para hallar los restos del submarino siniestrado el 15 de noviembre de 2017.

Para eso, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, a instancia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, le solicitó la semana pasada al canciller Felipe Sola, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, las comunicaciones e intercambio de mensajes e información entre las “inteligencias” y las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, realizadas durante la búsqueda de los 44 submarinistas desaparecidos.

La justicia también quiere saber por qué razón el gobierno no aceptó la colaboración de la Royal Navy, en diciembre de 2017, para buscar, con elementos de alta tecnología, como lo son los minisubmarinos remotos, los posibles restos del submarino argentino en la zona donde finalmente se lo encontró. La nave fue hallada un año después, el 18 de noviembre de 2018, por la empresa Ocean Infinity a la cual se le pagó unos 7.000.000 dólares.

Del expediente, que volvió a tomar impulso y trascendencia pública, surgen datos hasta ahora desconocidos. Por ejemplo que la Armada de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano, lugar dónde funcionaba el comando central de búsqueda y rescate del submarino, un sistema CENTRIX, que es “un sistema de mensajería y videoconferencia encriptado”, según consta en la causa.

La Argentina tiene una sola terminal y está instalada en el Edificio Libertad, sede de la Armada. Por esa razón los militares norteamericanos trajeron otra y era utilizada por ellos, los oficiales británicos y argentinos. Parte de esas comunicaciones son las que requirió la Justicia a través de un requerimiento a Cancillería.

En la causa hay elementos suficientes para inferir que ya se conocía, al menos de forma aproximada, la ubicación de ARA San Juan 20 días después de su desaparición. Eso declaró en su defensa ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia, el contraalmirante Enrique López Mazzeo y aporto las coordenadas brindadas por el buque chileno Cabo de Hornos.

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