Se trata de María Lizán.

La jueza de Familia María Lizán, del Juzgado de Familia número 12 de Las Heras y a quien el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, denunció en el Jury de Enjuiciamiento, renunció antes de que mediante el procedimiento legal se la eche del cargo.

Presentó su renuncia en el mediodía de ayer, con una nota dirigida al Gobernador Rodolfo Suarez, quien será el encargado de definir si la acepta.

La mujer de 64 años, ha enfrentado otros conflictos ejerciendo su carrera. Estuvo suspendida entre 2012 y 2016 junto con otra magistrada por el escándalo de las adopciones ilegales en el Valle de Uco, cuando ella desempeñaba el cargo que ahora tiene en Las Heras, pero en Tunuyán.

A raíz de este caso, quedó en medio de una investigación penal a cargo de un juez y un fiscal. Luego de su reincorporación ya que se archivaron las actuaciones del Jury, Lizán demandó al Estado provincial al que le reclamó $5 millones de indemnización en concepto de daños y perjuicios por haber estado 44 meses suspendida y cobrando solo medio sueldo.

Ese conflicto civil fue rechazado en primera y segunda instancia, cuyos jueces coincidieron en que el Jury actuó de modo legítimo, contradiciendo los argumentos de Lizán, que se declaró afectada y víctima de la violación derechos constitucionales. La Suprema Corte de Justicia le rechazó el aval para apelar en la Corte de la Nación.

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