El gobernador debe decidir si acepta la renuncia de María Lizán, facilitando así su jubilación, o la rechaza. En este caso, permitirá que el Jury de Enjuiciamiento la juzgue por su mala conducta personal y profesional en su juzgado, las cuales denuncia el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay

La jueza María Lizán renunció definitivamente a su cargo el miércoles 8 de junio. Lo hizo apenas 5 días después de que el Presidente de la Corte Suprema la denunciara ante el Jury de Enjuiciamiento por desempeño indebido del deber y alteración del orden público. Ahora el gobernador Rodolfo Suárez tiene la última palabra.

Según la Constitución mendocina, solo él puede dejarla retirarse y jubilarse-como ella desea- o permitir que el Jury inicie el proceso que la dejaría al borde de ser despedida de la Justicia.

Esto último arrojaría luz sobre una denuncia por una serie de conductas profesionales y personales sistemáticas y desagradablemente sorpresivas y gravísimas, impropias de quienes tienen la delicada misión de impartir justicia y de quienes tanto espera la sociedad: los jueces.

Según detalles compartidos por Diario UNO, estos son los detalles y conclusiones de la investigación judicial interna que desencadenó la denuncia de Dalmiro Garay contra Lizán, con base en declaraciones de empleados de Justicia de Familia de Las Heras.

La Ley de Jurado Judicial 4970 y la denuncia de Garay señalan que Lizán cometió actos que se enmarcan en dos causales de destitución: alteración del orden público e impropio desempeño de sus funciones. Todo, en lenguaje técnico.

Sin embargo, quienes hablaron con la Secretaría Técnica y Jurídica describieron en detalle algunas conductas de Lizán que pueden ser contadas, como lo han hecho, en un lenguaje sencillo, como le gusta decir a la justicia en los últimos años. Algunas citas textuales del archivo, a continuación:

 «La jueza Lizán tomaba alcohol en horario de trabajo; tomaba cerveza en algunas circunstancias»

«En las audiencias, la jueza Lizán Estaba como completamente ajena. Estaba con el celular mirando carteras, vuelos aéreos, perros. Los mostraba durante las audiencias”

«Cometió violencia verbal o psicológica a través de actos hostiles, intimidatorios y denigrantes al personal, al que se dirigía usando sobrenombres peyorativos»

«Cuando no iba a trabajar ni siquiera avisaba, lo que afectaba el trabajo del Tribunal, como las audiencias y demás actos procesales»

«Delegaba expresamente la utilización de su firma digital, -mediante la entrega del certificado contenido en soporte físico (token) y clave-, a empleados y funcionarios del Tribunal»

«Lo hacía para éstos firmaran digitalmente sentencias, lotes de resoluciones, oficios y transferencias del sistema operativo que ella no había confeccionado ni tenía conocimiento de su contenido»

La firma, en todos los ámbitos, y más aún en el jurídico, es índice de autoridad y responsabilidad, significa hacerse cargo. Sin embargo, según las denuncias presentadas ante la Corte Suprema y el Jurado de la Corona, la firma digital de la jueza María Lizán era un símbolo de apatía, negligencia y pereza.

Todo indica que los jueces de la Corte, diputados y senadores que integran el Jury de Enjuiciamiento se reunirán el jueves 16 en el cuarto piso de los juzgados provinciales por el nuevo caso que tiene a Lizán como protagonista exclusiva.

En las horas previas, quizás desde Canadá -donde busca atraer inversiones mineras- o ya de regreso en Casa de Gobierno, Rodolfo Suárez se enfrentará al dilema de dejarla ir o dejar que rinda cuentas y sea responsable ante la justicia.

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